Corte Suprema firma convenio para prevenir consumo de drogas en funcionarios

SANTIAGO.- Implementar una política preventiva entre los funcionarios del Poder Judicial a fin de generar una cultura laboral que evite el consumo de drogas y alcohol, es el objetivo del convenio que hoy firmaron el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, el Ministro del Interior, Belisario Velasco, y la Secretaria Ejecutiva de Conace, María Teresa Chadwick, para dar marcha al programa "Trabajar con Calidad de Vida".

En un auto acordado de noviembre del año 2005, la Corte Suprema estableció la necesidad de implementar un programa de prevención y control del consumo indebido de drogas entre los funcionarios del Poder Judicial y la Corporación Administrativa de la Región Metropolitana.

Dicha voluntad se concretó con la firma del citado convenio que compromete al Poder Judicial a desarrollar actividades orientadas a la prevención, generar una cultura crítica de los efectos sociales y de salud implicados en la adicción de drogas, crear redes de apoyo en el ámbito laboral para quienes requieran información o apoyo terapéutico, fortalecer habilidades para enfrentar la presión social y crear indicadores de evaluación de la ejecución del programa.

En este sentido, Conace se compromete a entregar asesoría y capacitación a los funcionarios sobre la problemática de las drogas y la implementación de una política propia, que durante el primer año –desde la firma del protocolo- será diseñada en paralelo a la realización de actividades preventivas con los funcionarios del Poder Judicial, con la modalidad de un plan piloto en la Corporación Administrativa del Poder Judicial de la Región Metropolitana.

Tras una evaluación de los logros, a contar del segundo año el programa "Trabajar con Calidad de Vida" se extenderá al resto de las regiones del país, con lo que se beneficiará -a largo plazo- a más de 7 mil funcionarios.

La iniciativa se basa en los principios y recomendaciones planteados por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)  que consideran el consumo de drogas y alcohol como un problema de salud y enfatizan estrategias de educación no represivas. Actualmente el programa está en marcha –en distintas etapas- en 300 instituciones y empresas, tanto públicas como privadas.