Alcalde De la Maza focalizará control del comercio sexual en el barrio El Golf

Francisco de la Maza (01'01'')

SANTIAGO.- A menos de 24 horas de que aprobara la nueva ordenanza municipal que prohíbe el comercio sexual en las zonas residenciales de Las Condes, el alcalde Francisco de la Maza aseguró que la labor de los inspectores se focalizará en los sectores más conflictivos de la comuna, entre los que destaca el barrio El Golf.

Según De la Maza, el fin de la normativa es que quienes ejercen este tipo de actividad se trasladen a zonas no residenciales de Las Condes, ya que hoy "mucha gente no se atreve a usar las calles a cierta hora de la noche para salir a caminar o hacer ejercicio producto de que las personas que hacen comercio sexual se toman el espacio público".

En esa línea, aseguró que la medida es completamente aplicable, ya que está dentro de las atribuciones del municipio y agregó que "en la ordenanza hacemos hincapié en qué nos estamos basando" y apeló al sentido común al sostener que "hoy las casas de prostitución están prohibidas por el código sanitario, por lo que con mayor razón comercio sexual no debería permitirse en la vía pública, donde los riesgos de contagio y de control son infinitamente mayores".

En cuanto al financiamiento de las labores de fiscalización, De la Maza indicó que éstas no significarán el desembolso extra por parte del municipio y descartó la contratación de personal adicional para realizarlas, debido a que serán los inspectores, que "hoy tienen una importante presencia en los barrios", los encargados de velar por el cumplimiento de la norma.

Rechazo a las críticas

El edil puso énfasis en que la ordenanza será "un instrumento clave para solucionar el problema que afecta a varias familias de Las Condes" y agregó que el desplazamiento del comercio sexual hacia otros los sectores comerciales del municipio "será algo que resolveremos con el tiempo", porque ahora lo más importante es velar por "las familias y menores de edad" de los barrios residenciales.

En respuesta a las declaraciones de las trabajadoras sexuales de la comuna, que alegaron ser discriminadas y señalaron que no pagarán las multas que se les cursen, el jefe comunal aseguró que "no me llaman la atención", pues son propias de un conflicto de esta naturaleza.

Las multas que indica la ordenanza van desde los 98 mil a los 165 mil pesos y dependerán del criterio que aplique el juez de policía local, quien finalmente aplica la sanción. En ese sentido, el edil de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró que espera que pocos casos lleguen a los juzgados y que los involucrados acaten la norma.