Presidente de magistrados: Indicaciones para limitar a jueces de garantía "son un retroceso"

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SANTIAGO.- Como un "retroceso" califica el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Mario Carroza, las indicaciones que presentarán los senadores de la Alianza, Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN) a la agenda corta antidelincuencia para limitar las facultades de los jueces de garantía para conceder libertades provisionales.

"Yo creo que es más bien un retroceso de todas maneras, porque de alguna manera son situaciones que se habían superado. En el procedimiento penal antiguo justamente el asunto de la consulta a las cortes superiores fundamentalmente retrasaba la vista de la causa o la rapidez con que debían tramitarse estos procedimientos.

 Por eso el trámite de la consulta se eliminó", explica el magistrado, aludiendo a una de las indicaciones que haría obligatoria la consulta a la Corte de Apelaciones para dictar libertades provisionales.

"Cualquier indicación es vuelta hacia el pasado, es un retroceso en esta visión del nuevo (sistema) procesal penal", agrega Carroza, en entrevista con Emol.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Magistrados advierte que los parlamentarios que impulsan la medida no pueden tener la certeza de que las resoluciones de los jueces de garantía serán revocadas por las cortes de apelaciones.

"Eso puede ser hasta un poco incierto, porque podría ser que la Corte opinara diferente y fuera la Corte la que diera la libertad", señala.

A juicio de Carroza, lo que subyace a la polémica es un debate que ya habían avizorado quienes estudiaron la Reforma Procesal Penal, "entre quienes tienden y tienen como objetivo la seguridad pública, y aquellos que tienden y tienen como objetivo las libertades individuales, entonces un poco en ese sentido se contraponen los dos objetivos".

"Yo creo que tiene que ser objeto de un debate y de una discusión que, bueno, supongo yo que se va a dar en el Congreso, pero donde deberían participar aquellos que realmente han estado involucrados en la Reforma y también los jueces, por supuesto", acota.

—¿Coincide con otros jueces que han dicho que estas modificaciones son inconstitucionales?

"Yo no podría en sí, en principio, señalar que esto pudiera tener ese rango. Yo creo que, primero que nada, existe la facultad de los parlamentarios de hacer las indicaciones que ellos deseen, lo otro es que tienen que discutirse eso en el Congreso, por lo tanto las indicaciones no necesariamente son después leyes. Y, si eso se va a discutir, se va a discutir en un nivel en que obviamente se va a considerar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma".

—¿Ustedes como asociación interpretan esta intención de limitar las facultades de los jueces de garantía como una señal de que no han utilizado bien esas facultades?

"Bueno, yo creo que cuando en un momento determinado surge una indicación que dice relación con casos específicos de connotación pública, es una reacción, no cabe duda. Pero, en definitiva, ¿cuál es el fundamento, cuál es el contexto jurídico en que nace esa indicación?, ése es el tema al discutir".

—Algunos magistrados dicen que al final el juez de garantía podría terminar transformándose en un mero "ministro de fe", ¿usted teme que ocurra eso?

"Todo puede ocurrir, pero la verdad es que, en ese sentido, yo esperaría que al final sea la cordura la que predomine y, por lo tanto, la norma que sea modificada o alterada o si se mantiene, efectivamente sea aquella que continúe con los principios básicos que tiene la Reforma Procesal Penal o si no estaríamos variándola de tal manera que estaríamos deslegitimando la misma reforma".