SANTIAGO.- Una vez enterado del rechazo a la solicitud de extradición del ex Presidente peruano Alberto Fujimori, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó que el Gobierno chileno es respetuoso de los fallos judiciales y recalcó que en este caso la última palabra la tendrá la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema.
"Como es un caso judicial pendiente, este fallo que se ha dado a conocer hoy día es de primera instancia, va a ser revisado por la Sala Penal de la Corte Suprema. No corresponde como Gobierno que emitamos ningún tipo de pronunciamiento. Insisto, no somos parte ni comentamos los fallos judiciales, en todo caso este fallo tampoco es definitivo", afirmó el ministro.
Maldonado explicó que la resolución del juez Orlando Álvarez difiere de la sugerencia emitida por la fiscal de la Suprema Mónica Maldonado, quien en el informe que entregó al magistrado recomendó la extradición del ex Mandatario. Pero, enfatizó, "la palabra final la tendrá la Sala Penal de la Corte Suprema, por lo tanto es allí donde se resuelve este tema".
Por lo mismo, el titular de Justicia pidió no apresurarse en las conclusiones finales y descartó la posibilidad de expulsar del país al ex gobernante peruano.
"El Estado de Derecho supone que se respeten las resoluciones de los tribunales, respetar las resoluciones de los tribunales significa acatarlas en la forma y en el fondo, no buscar otras maneras de conseguir objetivos que no se hayan conseguido en tribunales", aseveró Maldonado.
Añadió que esto es así sin perjuicio de que la opinión pública nacional e internacional pueda tener una opinión sobre este caso, que difiera de lo resuelto por la Justicia.
Respecto a las relaciones con el vecino país, el titular de Justicia señaló que éstas se llevan a nivel de Cancillería. Pero de todos modos se atrevió a decir que "son excelentes, hay una amplia agenda de colaboración en muchos ámbitos y el Gobierno de Perú tiene perfecta conciencia de que el caso Fujimori se está resolviendo por las vías que contempla nuestro ordenamiento jurídico y el proceso de extradición compete al Poder Judicial, no al Gobierno de Chile".
Maldonado descartó además en forma tajante que el Ejecutivo tenga alguna injerencia en este proceso, "salvo cumplir la medida que el Poder Judicial disponga, como es cautelar el arresto domiciliario de la persona requerida como extraditable".