La Presidenta señaló que "si un organismo fiscaliza y sanciona" no es bueno cuestionarlo "cada vez que no nos conviene".
José Miguel Pérez, El MercurioSANTIAGO.- Un velada crítica al empresario Sebastián Piñera hizo esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet al promulgar una ley que protege a los funcionarios que denuncian irregularidades y faltas al principio de probidad.
La Mandataria aprovechó la ocasión para referirse a las acusaciones que el ex candidato presidencial de RN formuló contra el gobierno luego de conocer el viernes pasado el fallo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que lo condenó a pagar una millonaria multa por uso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN.
"No retrocedamos a la arbitrariedad, al doble estándar, al fomento de las sospechas sin fundamento (...) si un organismo fiscaliza y sanciona, no lo cuestionemos cada vez que no nos conviene. Si hay recursos legales para que se aclaren acusaciones y sanciones hay que utilizarlos", advirtió la Gobernante, refiriéndose a la denuncia de presiones políticas que realizó Piñera tras el fallo.
Siguiendo con un tono enérgico, la Presidenta recalcó que "todos tenemos que actuar transparentemente y con probidad, con mayor razón quienes estamos dedicados a la vida pública, porque tenemos que dar el ejemplo y quien no actúe así, le hace mal a Chile".
A juicio de Bachelet, "en materias como ésta es que se prueba qué liderazgo están pensando en la próxima elección y qué liderazgos están pensando en la próxima generación".
La solapada crítica al empresario se produjo luego que la Jefa de Estado señalara a una revista que se deben separar los negocios de la actividad política.
La ley 20.205, promulgada esta mañana, es la primera de la Agenda de Transparencia, Probidad, Modernización del Estado y Calidad de la Política, que el 23 de noviembre pasado anunció la gobernante, en medio del escándalo por las irregularidades detectadas en Chiledeportes y el uso de facturas falsas en campañas políticas.
Esta ley establece un estatuto de protección a los funcionarios públicos que realizan denuncias de casos de corrupción y su idea central es generar un sistema en virtud del cual estos trabajadores, puedan darlos a conocer a la autoridad competente, amparados en un sistema de resguardo y protección.
Esto último se traduce en un estatuto especial que impida que los funcionarios sean objeto de medidas disciplinarias de sanción o destitución de su empleo, desde la fecha en que se reciba la denuncia y hasta aquella en que termine la investigación.