SANTIAGO.- Su pleno respaldo a las demandas salariales de los funcionarios del Ministerio Público manifestó esta mañana el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larrain, después de reunirse con el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Alejandro Peña, a quien felicitó por la labor desarrollada por la entidad que dirige.
"Lo que está pasando con el Ministerio Público es que se están quedando atrás en número, en cantidad y en renta. El trabajo que realizan los fiscales que hacen bien su pega es demasiado intenso, por eso es justa la petición de los fiscales", reconoció el timonel gremialista.
Según el senador existe un compromiso suscrito por el ministro de Justicia con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta –que él integra- para introducir este año un proyecto de ley que mejore las remuneraciones de quienes trabajan en las fiscalías. Esa fue, según Larraín, la condición puesta por los senadores para dar el visto bueno al aumento salarial para los funcionarios del Poder Judicial.
En la cita con el fiscal Peña, quien fue amenazado de muerte en enero pasado, el presidente de la UDI le entregó su respaldo y celebró la labor que realiza la Fiscalía Metropolitana Sur, donde a su juicio "se ha hecho un trabajo muy efectivo en la persecución del delito y cuando la gente se la juega en contra del delincuente, recibe amenazas".
"Hemos querido expresarle nuestra solidaridad y pedirle que sigan en esto, porque es lo que la gente quiere ver", agregó el parlamentario, quien recordó que en el Senado se discute un proyecto en el que se elevan las penas para quienes amenacen, lesiones o maten a fiscales o defensores.
"Tenemos que apoyar a quienes se la juegan. Así como criticamos a algunos jueces de garantía, que son débiles en la persecución del delito, también respaldamos a aquellos fiscales que están haciendo algo distinto", enfatizó.
En la visita Larraín estuvo acompañado por el diputado gremialista Edmundo Eluchans, quien anunció que su partido promoverá la presentación de un proyecto de ley para revisar las dotaciones de las fiscalías, ya que las actuales son insuficientes para la carga de trabajo que reciben diariamente.