El renunciado fiscal Sergio Caro (en la foto), formará un estudio privado con su actual compañero Pablo Larredonda.
Harold Castillo, El MercurioSANTIAGO.- "Uno trata de ser bueno en lo que sabe hacer, pero después se da cuenta que está dando vueltas en el mismo círculo", reconoce el renunciado fiscal de Las Condes, Sergio Caro, quien junto a su compañero de labores Pablo Larredonda decidió dejar el Ministerio Público para dedicarse a la actividad privada, justo en días en que las demandas salariales de sus pares han sido manifestadas públicamente.
"Buscamos mejores perspectivas en el sector privado, de hecho nos asociamos y vamos en un estudio privado", relata el profesional de 31 años, que junto a su nuevo socio ostenta el honor de estar calificado con la nota máxima por su desempeño en la Fiscalía Local de Las Condes.
"Somos cuatro o cinco los fiscales evaluados con nota siete en Santiago", comenta con orgullo, pero también con la frustración de haberse convencido que ni su nota 7.0, ni el magíster y los cuatro diplomados en Derecho Penal que acumula en su currículum, le servirán para avanzar en el Ministerio Público, donde trabaja desde hace cuatro años.
"He invertido en estudios, todos esos cursos valen millones de pesos, y me doy cuenta que me estoy perfeccionando y estoy estudiando porque me gusta mucho esta área, me gusta mucho desarrollarme en esta área, pero profesionalmente siempre voy a estar estancado. No existe la posibilidad de aspirar a ascender ni cosas así y eso es bastante limitante, y eso es un error de la Ley Orgánica, que no establece una carrera funcionaria para los fiscales", sentencia, en conversación con Emol.
Caro visualiza su futuro en la Fiscalía y claramente el panorama no le resulta atractivo. "Si yo no hubiese renunciado yo sigo detentando este cargo y probablemente tendré cierta estabilidad económica, pero sigo dando vuelta en el mismo sueldo, y dando vuelta en las mismas funciones, y no varía en absoluto mi perspectiva profesional por años", señala.
"Y el día en que quiera tomar una decisión, quizá va a ser demasiado tarde y no voy a tener indemnización por años de servicio, o sea, estoy en una situación muy distinta a la que se presenta en la empresa privada", evalúa.
—¿Cuando empezaste como fiscal pensabas que este trabajo iba a terminar así?
"Nunca pensé, porque conocía la realidad de regiones. Yo trabajo en la Reforma Procesal Penal desde la Segunda Región, desde el año 2003, entonces era bastante distinto a la situación de Santiago".
—¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los fiscales laboralmente?
"El tema de remuneraciones y sobre todo las condiciones de trabajo, son bastante extenuantes. La verdad es que los jueces son los que tienen las remuneraciones más altas, el juez que gana menos, por decirlo, gana alrededor de dos millones y medio, nosotros tenemos un sueldo de grado ocho de alrededor de un millón y medio. Y hay fiscales que ganan un millón trescientos mil pesos".
"Lo más que ganan es alrededor de dos millones. Hay grados que tienen altas cargas de trabajo y de todas maneras ganan bastante menos de la mitad de un juez".
—¿Crees que hay una insatisfacción generalizada entre los fiscales por eso?
"Si, la verdad es que eso se observa en las conversaciones de pasillo, en las reuniones con los colegas y nunca se explicita (...) La verdad es que el sistema es bastante rígido. Básicamente esto se debe también a que no existe una carrera funcionaria dentro del Ministerio Público, si es que yo hubiese quedado como fiscal, yo hubiese estado ganando mi sueldo hasta que me retire de la fiscalía sin avanzar ningún grado".
"No hay ningún tipo de proyección o incentivo en ese sentido. Yo no tengo por ejemplo tampoco indemnización por años de servicio, no existe en nuestra institución".
—¿Tú crees que otros fiscales podrían tomar lo que hicieron ustedes como un modelo, y seguir el mismo camino?
"Sí, yo pienso que esto es parte de la aspiración personal, que si un fiscal tiene aspiraciones de surgir profesionalmente pienso que en la fiscalía eso va a transcurrir un tiempo largo para que ello pueda suceder, y quizá si la institución no lo permite habría que buscar eso por otro lugar, por fuera".
—¿Les costó tomar la decisión de renunciar?
"Sí, desde luego. Nosotros tenemos mucho cariño por nuestro trabajo, nos encanta, nos fascina, realmente yo pienso que tenemos una dedicación importante, y no fue en absoluto fácil, pero llega un minuto en que hay que ponderar en el tema familiar, hay que ponderar en el tema laboral, nuestra perspectiva profesional".
"Hoy cualquier persona que quiere ser fiscal, tiene que pensar en sacrificar su familia, sacrificar muchas cosas, exponerse a agresiones, esas son cosas parte del trabajo. Y en el sector privado eso quizá se valora más".
—¿Ves alguna solución en el proyecto de ley que aumentará las remuneraciones?
"Yo creo que la única situación que podría solucionar esto es que se homologue el sueldo de los jueces al de los fiscales, porque yo estoy litigando en el juzgado de un juez y la ley orgánica dice que los fiscales y los jueces tenemos homologación de remuneraciones y resulta que yo gano 1 millón y medio y el juez que está ahí en el tribunal gana 2 millones y medio, y la verdad es que la carga de trabajo reside en el fiscal".
"El juez simplemente juzga, el juez simplemente conoce y resuelve, no tiene que hacer nada. Toda la carga del trabajo duro, de la policía, de investigar, de detener, de perseguir, de realizar todas estas diligencias de investigación que son agotadoras, son las que te quitan tanto tiempo, por tanto delito que hay, porque la carga de trabajo es importante, recaen sobre el fiscal".
El fiscal Sergio Caro y su compañero y futuro socio Pablo Larredonda, serán hasta el 4 de agosto próximo (fecha en que se concreta su renuncia) los únicos miembros de la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía de Las Condes.
Ambos investigaron y lograron obtener sentencias condenatorias para la "banda de las camionetas chocadoras", imputada de los robos a las tiendas Louis Vuitton y Fallabella Nueva de Lyon, entre otras, y para la "banda de Peñalolén", responsable del asalto a la casa de Gonzalo Fuenzalida, fundador de la ONG "Víctimas de la delincuencia".
Además Caro estuvo envuelto en la polémica cuando fue insultado y amenazado de muerte por un imputado, pero un juez de garantía consideró que los fiscales no eran autoridad, por lo que el agresor no debía ser sancionado. Sin embargo, después esa resolución fue revocada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a 61 días de presidio menor y una multa de 6 UTM al inculpado y argumentó que los fiscales sí son una autoridad.