Farías exige disculpas públicas para no pasar a Bobadilla a Comisión de Ética

SANTIAGO.- Como una necesaria reacción a las insistentes provocaciones de los diputados gremialistas José Antonio Kast y Sergio Bobadilla, fue descrito el intento de agresión hacia este último que protagonizó el parlamentario del PPD Ramón Farías, en pleno hemiciclo.

"Lo que pasó fue simplemente que el diputado Kast, en la hora de incidentes, empezó a agredirme gratuitamente, tanto así que el presidente incidental de la Cámara, José Miguel Ortíz, le llamó la atención una o dos veces por el lenguaje que estaba utilizando en contra mío", relató el diputado.

Según dijo, cuando concurrió a la testera a solicitar tiempo para hablar, Bobadilla comenzó a insultarlo gratuitamente. "Hace mucho tiempo me viene gritando muchas cosas, me viene insultando. Por eso yo fui a increparlo para que se disculpara y dejara de decir insolencias", señaló.

Reconoció que el incidente incluyó un intento de pugilato, que fue frustrado por la intervención de otros parlamentarios y porque Bobadilla "se fue para atrás, como buen cobarde que es".

El legislador asegura que está arrepentido de haber perdido el control en la Cámara, pero sostiene que el malestar que le provocó la situación fue superior. Por ello, el próximo martes enfrentará a los parlamentarios y pedirá que Bobadilla sea pasado a la Comisión de Ética.

Lo único que podría hacerlo retroceder en sus intenciones, sería que el parlamentario de la UDI le pidiera disculpas públicas. "Si él dice que lo que me dijo está mal, no tengo ningún problema en echarme para atrás. Yo soy un caballero y no tengo problemas", afirmó.

El incidente comenzó cuando Kast acusó al parlamentario PPD de haber mentido a la gente del distrito de San Bernardo-Buin (que ambos representan en la Cámara) por una disputa que los dos tienen respecto a la construcción de un camino que afectaría a una población local.

En su intervención Kast aludió a unos informes de la Contraloría que cuestionarían algunas afirmaciones de Farías, pero, según este último, el fallo de la entidad fiscalizadora no acusa a nadie y deja claro que los permisos de construcción se otorgaron mal y que, por lo tanto, la municipalidad debe legalizarlos.