Comisión del Senado rechazó proyecto que otorga nuevas facultades a alcaldes

VALPARAÍSO.- Por tres votos contra dos, la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado rechazó la idea de legislar del proyecto de ley que -entre otros aspectos- le otorga nuevas facultades a los alcaldes en materia de organización interna municipal, remuneraciones y administración de los cargos y plantas funcionarias, y que ha sido férreamente rechazado por la Asociación de Funcionarios Municipales (Asemuch).

Aunque ahora la iniciativa deberá ser estudiada y votada en la sala de la Cámara Alta, el presidente de la Asemuch, Óscar Yáñez, se declaró satisfecho por la decisión de la comisión del Senado, que valoró como un "primer paso" en las intenciones de lograr la modificación o el rechazo definitivo del proyecto.

"Creo que se ha cumplido el objetivo y seguimos insistiendo que este es un mal proyecto, si el tema es que es un mal proyecto. Eso ha sido ratificado por la comisión, obviamente que los senadores que votaron a favor consideraron que es un mal proyecto, y que hay que modificar este proyecto", afirmó el dirigente gremial, en conversación con Emol.

A favor del proyecto votaron los senadores Hosaín Sabag (DC), Ricardo Núñez (PS), y en contra de la iniciativa los senadores Carlos Bianchi (Independiente), Jaime Orpis (UDI), y Víctor Pérez (UDI).

La decisión de los parlamentarios concertacionistas es interpretada por Yáñez como una forma de anteponer la "lealtad" al Gobierno al bienestar de los trabajadores municipales. "Se demostró que hubo lealtad al Gobierno en este caso, porque los senadores de la Concertación se alinearon para votar a favor del proyecto", señala.

A partir de la decisión de la comisión del Senado, en la Asemuch evaluarán sus próximos pasos, entre los cuales no descartan convocar a una paralización indefinida.

"Si el Gobierno no tiene la voluntad política de buscar un acuerdo o un consenso para avanzar en el tema de la modernización y sigue con la tosudez de colocar un proyecto de ley de esta naturaleza, los trabajadores tendremos que usar nuestros legítimos instrumentos, con el daño que se provoca a la ciudadanía. Y esa responsabilidad no es de los trabajadores, es del Gobierno", sentenció.