VALPARAÍSO.- El envío urgente de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, que transparente y asegure la calidad de la educación superior, es una las conclusiones que alcanzó la Comisión de Educación del Senado tras analizar la situación que afectó a cerca de 15 mil alumnos de la carrera de criminalística que ingresaron a estudiar sin saber que no tenían campo laboral.
Así lo explicaron los senadores Mariano Ruiz-Esquide, Ricardo Núñez y Alejandro Navarro, presidente e integrantes de la citada instancia legislativa, al dar a conocer las conclusiones del informe que elaboró la Comisión tras escuchar a los estudiantes de criminalística, los rectores de las universidades y los representantes del Ejecutivo, entre otros.
Junto con entregar sus propuestas, los legisladores solicitaron al Ministerio de Educación que entregue a la brevedad todos los antecedentes recabados durante este proceso de análisis al Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, para que sean considerados por la Presidenta de la República.
Al respecto, el senador Ruiz-Esquide, señaló que “se requiere transparentar de manera urgente el mercado de la educación superior, obligando al inicio del año escolar que las Universidades entreguen a los padres, apoderados y alumnos algún estudio de mercado o, al menos, un estudio sobre la factibilidad de desempeño y de habilidades de cada carrera”.
Asimismo, el parlamentario indicó que dada la gravedad de las denuncias, la Comisión acordó en forma unánime solicitarle al Ejecutivo que formule una propuesta destinada a fortalecer los principios de transparencia y debida publicidad de la oferta educativa.
Agregó que es necesario que, a la brevedad, se incorpore a la ley de protección de los derechos del consumidor mayores facultades para que la autoridad tenga las herramientas necesarias para actuar, sobre todo en aquellas materias que se vinculan con la educación y que pueden entrar en la categoría de publicidad engañosa.
El documento elaborado por la Comisión de Educación, demanda al Ministerio que continúe actuando como “mediador y articulador” de las situaciones particulares que afectan a los más de 15.126 estudiantes.
“Existe voluntad de legislar en la materia, debido a que se han detectado varias irregularidades respecto de las instituciones y carreras en el ámbito de la educación superior, por tanto, la idea es que el marco legal se entreguen soluciones para este tipo de coyunturas”, explicó el senador.
Además, advirtió que pese a que no existe consenso sobre la idea, la mayoría de la Comisión cree necesario modificar la ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, pues “existen vacíos evidentes que hacen necesario solicitarle al Ejecutivo la presentación un proyecto que modifique esta norma, obligando una acreditación de todas las carreras de universidades, institutos y centros de formación técnicos del país”.
Por su parte, el senador Ricardo Núñez señaló que es de primera importancia generar condiciones para un efectivo cambio en la educación superior, sobre todo en la ley sobre acreditación.