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Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 16:31
SANTIAGO.- Un informe en que el MOP acredita la precariedad en que se encontraba el Puente Tinguiririca al momento del accidente en que murieron 26 personas, el 17 de mayo de 2006, es la última carta con que la defensa de Turbus pretende eximir a la empresa de cualquier responsabilidad en la tragedia.
Según reveló esta tarde el abogado de la entidad, Jorge Bofill, en conversación con Emol, el documento elaborado por el Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del MOP demuestra que "el accidente jamás hubiera ocurrido si el puente hubiese cumplido con las condiciones mínimas de seguridad".
"Los antecedentes que obran en nuestro conocimiento indican que pudo existir condiciones de la carretera insatisfechas, que incrementaron el nivel de riesgo de accidentes por salida de calzada en el mencionado km. 140", se señala en el documento.
Las falencias, detalla el profesional, se evidencian en que el puente no está señalizado como una vía angosta; su diseño es complejo e incrementa el riesgo de accidentes por salida de calzada (fue el origen de la tragedia); y no existía ninguna señalización que limitara la velocidad (sólo con posterioridad al accidente se instaló un letrero que impide sobrepasar los 80 kilómetros por hora).
"Además el informe dice que desde el punto de vista de las barreras de contención, y esto es en nuestra opinión tremendamente importante, las barreras que tienen son cuatro grados inferiores, o sea, cuatro categorías inferiores a las que exige hoy día el manual de carreteras para un puente de estas características", precisó Bofill.
Según el abogado, también quedó establecido que el propósito original de las barreras era evitar que las personas se cayeran al río, por lo que son sólo unas "barandas".
"Pero hoy día el manual de carreteras establece que un puente tiene que ser capaz de evitar o de contener a un vehículo pesado, como un bus o un camión, a velocidades de 70 u 80 kilómetros por hora", afirmó.
"Todo esto hace que este accidente no hubiera ocurrido si ese puente hubiera reunido las condiciones que exige el manual de carreteras", insistió Bofill.
-O sea, ¿en otras palabras la responsabilidad de esto recae en el MOP y no en Tur-Bus?
"No, yo no quiero apuntarle al MOP, de hecho el MOP es el que está haciendo el informe que dice que el puente...".
-¿Y quién sería el responsable entonces?
"Mi trabajo acá no es demostrar que haya un tercero concreto, con nombre y apellido que es responsable, sino demostrar que mis clientes son inocentes. Y cuando yo encuentro este informe, que no lo pedí yo por lo demás, sino que lo encargó el Ministerio Público, que tiene esa conclusión yo sólo puedo reforzar nuestra convicción de que ellos no son culpables. O sea, esto no es un proceso en el cual uno vaya a salir en una caza de brujas detrás de cualquiera. Y yo sólo quiero demostrar que mis clientes no son responsables y me parece que ese informe lo hace".
El abogado Jorge Bifill desmintió las versión dada a conocer públicamente ayer por el jefe de la Fiscalía de la IV Región, José Luis Pérez Calaf, quien aseguró que se había logrado un acuerdo con la defensa para suspender condicionalmente el proceso judicial en el que tres altos ejecutivos de la empresa están imputados.
"Lo que yo quiero aclarar ahora es que nosotros no tenemos un acuerdo, que hay ciertas cosas que se han dicho en las noticias que nosotros no consideramos viables no más como acuerdo, por ejemplo, ahí donde se señala que los imputados no quieren pedir perdón. Sobre este punto, nosotros hemos sostenido siempre en este proceso y públicamente también que estamos convencidos de que los imputados en esta causa no tienen responsabilidad, no son culpables, y por lo tanto no tienen por qué pedir perdón", subrayó el profesional.
Sin embargo, manifestó la disposición de sus defendidos a continuar en conversaciones con el Ministerio Público para evitar tener que llevar el caso a un juicio oral.
