SANTIAGO.- Una querella por cuasi delito de homicidio múltiple presentaron ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt los abogados Jaime Gatica y Edgardo Reinoso, en representación de las familias de nueve de las diez víctimas del incendio que el 21 de octubre afectó al centro de detención de menores Cod-Cereco "Tiempo de Crecer", de dicha ciudad.
Se trata de la segunda querella en este caso, ya que la primera había sido presentada por el abogado del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, Luis Correa Bluas en nombre de los familiares de los hermanos Ángel y Franco Argel Ríos. Sin embargo, en las últimas horas la abuela de los niños dijo que le retirarían el patrocinio porque se habían sentido presionados por los representantes de senador para interponer la acción legal.
La familia entregó ahora el patrocinio a los abogados Gatica y Reinoso y sólo faltarían en la querella los familiares del menor Jaime Vivanco, quien tenía domicilio en Santiago, y hasta ahora no habían sido contactados por los profesionales.
El abogado Gatica dijo que lo que se busca es establecer la verdad, saber qué falló y quién es el responsable del siniestro. "Era previsible (que algo como eso ocurriera), porque no es el primer caso de menores que protestan quemando colchonetas", pero, a su juicio, los funcionarios a cargo tuvieron tiempo suficiente para apagar las llamas y socorrerlos y aún así, no lo hicieron.
Añadió que el Estado se hizo cargo de estos niños sabiendo que eran menores con problemas y que no tenían la madurez suficiente para discernir sobre sus actos y, en consecuencia, tenía la obligación de protegerlos.
Aseveró además que la investigación debe establecer por qué no había segregación entre menores y adultos y entre condenados e imputados.
Colaboración de las familias
Según dijo, es necesario que las familias participen coinvestigando porque no está claro si los responsables fueron funcionarios del Sename, de Gendarmería o si las condiciones no estaban dadas para que se implementara este centro de detención.
Recordó que hay una investigación penal que realiza el Ministerio Público y sumarios de Gendarmería y del Sename, todos los cuales dependen del Ministerio de Justicia, por lo que cabría la duda de que pudiera darse una situación de juez y parte. En ese sentido, explicó que para velar por la transparencia sería bueno que los representantes de las familias pudieran nombrar a sus propios peritos y ayudar en la investigación.
Los abogados Gatica y Reinoso pertenecen a un estudio jurídico de Valparaíso que representó a familias de 21 internos fallecidos en un siniestro en la cárcel de Iquique el 2001. Ambos aseveraron que básicamente en Puerto Montt se dio la misma situación: un incendio en que los presos no recibieron el auxilio adecuado y donde se constató una falta de servicio del Estado.