SANTIAGO.- Si se comprueba que uno de los asesinos del cabo de Carabineros Luis Moyano Farías estaba en libertad gracias a una ley promulgada en 2004, quienes apoyaron esa iniciativa “tendrán que asumir su responsabilidad”.
Así de categórica fue la advertencia que lanzó esta tarde en La Moneda el senador de RN Alberto Espina, quien negó tajantemente que los parlamentarios de la Alianza hayan apoyado una moción planteada el año 2002 por el entonces senador José Antonio Viera Gallo, junto a sus pares Fernando Flores (PPD), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Gabriel Valdés (DC).
“Quiero aclarar inmediatamente: nosotros votamos en contra de esa ley. Siempre sostuvimos que indultar a personas que en democracia habían cometido delitos terroristas, era un tremendo error y que más temprano que tarde lo íbamos a lamentar. Y si es efectivo que el cobarde asesino de un carabinero es una persona que fue por ley indultada, tendrán que responder por ese gravísimo error quienes apoyaron esa legislación”, sentenció Espina.
Sin embargo, en los registros del Senado consta que en la sesión ordinaria del martes 10 de agosto de 2004 se aprobó el proyecto de ley que establece “beneficios a condenados por violencia con móviles políticos”, por 26 votos a favor, entre ellos el de los senadores Antonio Horvath (RN) y Hernán Larraín (UDI), versus 15 en contra y tres abstenciones, de los legisladores Carlos Bombal (UDI), Marcos Cariola (UDI) y Carlos Cantero (RN).
Ante este hecho, el senador Espina afirmó que “la inmensa mayoría de la gente de la Alianza votó en contra de esa ley, entonces respondemos por los votos de la mayoría de la Alianza. Si hay alguien que votó de la Alianza de manera distinta, que asuman su propia responsabilidad política”.
A su juicio, tanto él como la mayor parte de sus pares opositores fueron “férreos contrarios a esta norma”, ya que “en un país no se puede derrotar la delincuencia teniendo mano blanda con respecto a terroristas que cometen en democracia crímenes, y más aún cuando esos crímenes son de grado de violencia y peligrosidad, que han merecido altísimas penas”.
Para Espina, los hechos “lamentablemente y dramáticamente nos han encontrado la razón”, por lo que pidió “saber quién responde hoy día frente a la viuda, a la institución de Carabineros y frente a la gente decente, por haber permitido que quedara en libertad una persona que estaba condenada a altísimas penas por cometer delitos violentos en democracia”.
Sus enérgicas palabras fueron apoyadas por las del senador Andrés Chadwick (UDI) a la salida de la reunión de la comisión antidelincuencia que se efectuó esta tarde en la sede de Gobierno.
“Creo que es un hecho extraordinariamente grave que estemos en presencia de crímenes que han sido cometidos por personas que han pertenecido a grupos extremistas y que han obtenido beneficios”, aseveró el parlamentario gremialista, para quien en los gobiernos de la Concertación se ha visto que “los grupos extremistas, terroristas, lo único que han obtenido son beneficios tras beneficio, tras beneficio”.
Por ello, dijo que espera que la muerte del cabo de Carabineros “ojalá Dios quiera que haga entender de una vez por todas que a los terroristas, a los extremistas, no se les pueden otorgar beneficios, tienen que cumplir su condena de acuerdo a lo que señala la ley y la justicia, porque de lo contrario, bueno, hoy día estamos viendo cómo dramáticamente ocurre que estas personas no cambian y siguen actuando exactamente igual”.