Corte Suprema entregará antecedentes del Caso Soria al juez Baltasar Garzón

SANTIAGO.- La Corte Suprema chilena acogió este jueves un exhorto del juez español Baltasar Garzón en el que pide antecedentes de ex ministros y ex agentes del gobierno de Augusto Pinochet con el fin de someterlos a proceso por genocidio, terrorismo y torturas, confirmaron hoy fuentes judiciales.

La Fundación española Presidente Salvador Allende pidió al juez Garzón, de la Audiencia Nacional española, que procese a quince personas, entre ellas dos ex ministros, un ex subsecretario y doce ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), por la muerte del diplomático español Carmelo Soria.

El magistrado, que envió el exhorto a la justicia chilena en septiembre pasado, pide en su carta rogatoria conocer la situación procesal de los requeridos antes de su eventual procesamiento, específicamente si existen antecedentes penales en Chile en su contra.

Carmelo Soria, que residía en Chile desde el final de la Guerra Civil española (1936-1939), fue secuestrado el 14 de julio de 1976 y su cadáver, con huellas de tortura, fue encontrado dos días después en un canal de Santiago y según consta en el proceso el asesinato fue cometido por efectivos de la Dina.

En su solicitud al tribunal chileno, Garzón invocó el Convenio bilateral de Extradición y Asistencia Judicial entre Chile y España suscrito en 1990.Al acoger el exhorto, la Corte Suprema chilena estimó que se cumplen los preceptos de cooperación internacional para acceder a la petición de Garzón.

En esa línea, la Sala Penal del máximo tribunal ordenó que la Oficina de Asesoría y Computación de la Corporación Administrativa del poder judicial dé “cumplimiento a lo solicitado.”La petición afecta a los ex ministros de la dictadura (1973-1990) Mónica Madariaga, de Justicia; Sergio Fernández, del Interior, y al ex subsecretario del Interior, Enrique Montero Marx.

También figuran el general retirado Herman Brady Roche, los ex jefes de la Dina, Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, el jubilado general y ex secretario del Ejército Jaime Lepe y el coronel Guillermo Salinas.

Engrosan la lista los militares retirados Pablo Belmar, René Patricio Quilot y Rolf Wenderoth, Juan Delmas, el ex director de Investigaciones Ernesto Baeza y Ricardo Benavides.

Carmen Soria, hija del asesinado funcionario de Naciones Unidas, señaló el pasado 8 de octubre, durante una ceremonia en memoria de su padre, que si la justicia chilena no logra procesar y condenar a los asesinos de éste, el magistrado Baltasar Garzón podrá hacerlo.

Tras un largo y accidentado trámite en los tribunales, el proceso por el asesinato de Soria fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, dejar sin efecto la ley de amnistía de 1978 y el pago de una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia.