SANTIAGO.- Con el fin de analizar y establecer los primeros pasos de lo que será la denominada defensoría para las víctimas, este mediodía, el Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, se reunió con un completo panel de expertos vinculados a la justicia penal, que deberá sentar las bases y discusión de la nueva institucionalidad, propuesta a partir del acuerdo logrado por el Gobierno, la Concertación y la Alianza en materia de seguridad ciudadana, el pasado 26 de noviembre en el Palacio de La Moneda.
Se trata de una instancia que reúne a importantes académicos, profesionales y estudiosos que participaron en la génesis de la Reforma Procesal Penal, y que desde ahora, se abocará a analizar y discutir la puesta en marcha de esta instancia, que debe traducirse en la presentación de un proyecto de ley que deberá ser ingresado en marzo al Congreso Nacional, para iniciar su tramitación legislativa.
En su idea original, la defensoría de las víctimas busca ser un organismo autónomo que inste al Estado a proporcionar asistencia jurídica a las víctimas de delitos graves, que no puedan costeársela por si mismas. Los delitos a los que daría cobertura esta iniciativa son el homicidio, parricidio, secuestro, sustracción de menores, delitos sexuales, robos con violencia o intimidación, lesiones graves y lesiones graves en violencia intrafamiliar.
Para el Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, esta instancia dará las bases técnicas del desarrollo de una futura defensoría, en el marco de la nueva justicia penal.
"Tal como anunciamos tras la firma del acuerdo de seguridad, hemos convocado –conjuntamente con la Fundación Paz Ciudadana- a un panel de reconocidos expertos en la Reforma Procesal Penal, para analizar con ellos cuál es la forma técnicamente más conveniente en que debiera materializarse la defensoría para las víctimas de delitos graves", dijo el Secretario de Estado.
"Nuestro propósito, como ministerio, es conciliar esta sentida aspiración de la ciudadanía con los equilibrios y funcionamiento de un sistema de justicia penal que ha sido considerado a nivel nacional e internacional un modelo de diseño e implementación exitosos y que está arrojando buenas cifras en los aspectos fundamentales en que corresponde medir un sistema de justicia penal: tasas de esclarecimiento de delitos, tasa de condenas, respeto al debido proceso, rapidez y transparencia", agregó el secretario de Estado.
Otras medidas
El Congreso también deberá conocer en marzo las modificaciones a la Ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas a las privativas de libertad, donde la novedad está radicada en el proyecto que establece el monitoreo electrónico como medio alternativo a la reclusión nocturna y de control de medidas cautelares.
En tanto que, durante el primer semestre del 2008, el Ministerio de Justicia deberá enviar al Legislativo el proyecto que modifica la institucionalidad del Sename, entidad que pretende ser incluido en el Sistema de Alta Dirección Pública, además de trabajar en la profesionalización de sus funcionarios en las áreas de infancia y responsabilidad penal adolescente.