Municipio de Santiago aclara que está en mesa de trabajo con discapacitados

SANTIAGO.- Con sorpresa recibieron en el Municipio de Santiago la noticia de que esta mañana trescientos discapacitados presentaron un recurso de protección en contra del alcalde, Raúl Alcaíno, exigiendo que se deje sin efecto la caducidad que según ellos ellos aplicó el jefe comunal en los permisos indefinidos que tenían para vender en el centro.

Una versión radicalmente distinta a la que entrega el abogado de la municipalidad, Roberto Hernández, quien asegura que los recurrentes nunca han contado con un permiso para ejercer su trabajo en Santiago Centro y que jamás han pagado la patente municipal correspondiente.

"La gente discapacitada, por un acuerdo con la administración anterior de esta municipalidad se les permitió permanecer en ciertas ubicaciones en el centro de Santiago, lo que no significa que ellos tengan permiso. Ellos jamás han tenido una patente municipal, ni han pagado los derechos de bien nacional de uso público, nunca", aclara.

Asimismo desmiente la acusación de los discapacitados respecto a la falta de voluntad que habría mostrado la alcaldía para negociar, ya que, subraya, se han reunido tres veces en una mesa de trabajo, la última de ellas esta misma tarde.

"Generamos una mesa de trabajo, que hoy tiene su tercera reunión, en la cual estamos buscando como municipalidad ser el puente para que ellos encuentren una solución más definitiva en torno a su situación laboral, a través de Fonadis, con ayuda del Gobierno y la Intendencia", explica.

"Nosotros, según nuestro análisis tenemos la tranquilidad y la seguridad de que estamos haciendo cumplir la ley, por una parte, y por otra, que nosotros estamos trabajando con ellos, no en contra de ellos", sentencia el profesional en conversación con Emol.

Asimismo explica que como parte del plan especial de seguridad que desde hace un mes aplican en conjunto la Intendencia, la Subsecretaría del Interior, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fiscalía y ambas policías, se modificó una ordenanza para sancionar a los compradores y a quienes ejerzan el comercio sin el permiso correspondiente.

"Nosotros reconocemos la dificultad que ellos tienen, que ellos efectivamente están sin permiso municipal y sin patente, y que es misión del Estado entregar soluciones dignas a las personas afectadas, y por eso estamos trabajando, pero ellos tienen claro que no tienen permiso ni patente", advierte Hernández.