SANTIAGO.- Por 88 votos a favor y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la comisión investigadora del Transantiago que estableció responsabilidades políticas por las fallas en el sistema.
Tal como se esperaba, los diputados de la Concertación Fulvio Rossi, Marcelo Díaz, Alfonso de Urresti, Fidel Espinoza, Laura Soto, Marco Antonio Núñez y Carolina Tohá no apoyaron el documento -redactado por la Concertación- mientras los parlamentarios de la Alianza, pese a que no están de acuerdo, decidieron respaldarlo para que el trabajo de la comisión no se pierda y los responsables de los errores del Transantiago sean sancionados.
El debate comenzó poco después de las 10:30, con la lectura del informe, por parte del presidente de la comisión, el PPD, Patricio Hales, quien luego dio paso a la discusión por parte de los parlamentarios de la Concertación y la Alianza.
Si bien el texto se aprobó por amplia mayoría, la discusión en la sala fue intensa, sobre todo por la división que genera en el oficialismo la responsabilidad que se le atribuye al ex Presidente Ricardo Lagos.
El DC Jorge Burgos afirmó que el plan era una "reforma inevitable y revolucionaria desde el punto de vista estructural para la que no estábamos preparados social, cultural ni económicamente" y destacó la "valentía e impronta creadora" de Lagos.
Cristián Monckeberg (RN) calificó como "un hito" las conclusiones de la instancia, recordando que se establecieron con "nombre y apellido" las responsabilidades políticas, pese a lo "doloroso" que pudo ser para los miembros de la Concertación.
Además, emplazó a los ministros René Cortázar y José Antonio Viera-Gallo, que estaban presentes en la sala a "hacer efectivas" las culpabilidades, solicitando las renuncias de quienes aparecen en el informe y continúan trabajando en la administración pública.
El documento contiene un reproche al ex Mandatario por haber diseñado el Transantiago sin una institucionalidad adecuada, y una crítica por el error político que significó no haber considerado la opinión del Congreso Nacional ni la de la ciudadanía.
También establece responsabilidades políticas en 32 autoridades y personas que -durante la administración de Lagos, como en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet- no cumplieron sus roles en el diseño y en la implementación.
En el caso de la actual Jefa de Estado, no se le responsabiliza en forma directa, sino que se reproducen opiniones de ella sobre el plan, junto con señalar que "asumió que las cosas se han hecho mal en el Gobierno".