Viera-Gallo responde a la Alianza: El gobierno no tiene voluntad de intervenir electoralmente

SANTIAGO.- Una enérgica respuesta tuvieron desde el Gobierno las críticas de diversos personeros de la oposición, que han acusado al Ejecutivo de estar a favor de la intervención electoral, luego que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera la impugnación presentada por 32 parlamentarios del oficialismo contra la norma que prohíbe a los funcionarios de alta confianza de la Presidenta de la República participar en actividades de proselitismo político.

"El Gobierno no tiene voluntad alguna de intervención electoral y se atiene a todas las normas legales y a la tradición de prescindencia de las autoridades en esta materia", afirmó tajante el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

Minutos después de que el timonel de la UDI, Hernán Larraín, dijera en una entrevista radial que es "un escándalo que se defienda como política querida por la Concertación la intervención de ministros y funcionarios en campañas políticas", el titular de la Segpres se encargó de subrayar que "es voluntad del Gobierno no interferir en los actos electorales".

Con el mismo tono enérgico, el secretario de Estado recalcó que en la legislación vigente sobre la materia existen una serie de normas que "cubren" las inquietudes de la Alianza.

"No demos la sensación que en Chile hay un vacío legislativo, como que hay la norma impugnada o nada; al contrario, hay una norma y una normativa bastante precisa, clara, que puede ser que a veces no se haya cumplido en el pasado, pero entonces tratemos que se cumpla, y eso es una tarea del Gobierno y tarea también de la oposición que fiscaliza. O sea, recurramos a la legislación vigente", planteó.

En esa línea, Viera-Gallo mencionó los alcances que tienen para los funcionarios públicos el Estatuto Administrativo, la Ley de Base de Administración del Estado y el artículo 27 de la Ley de Control Electoral.

En consecuencia, según el ministro, "lo único nuevo de esta norma (impugnada) era que prohibía a los funcionarios de confianza participar en actividades políticas fuera de las horas de trabajo, y eso a nosotros nos parece que no corresponde a los principios constitucionales".

En ese sentido, sostuvo que es legítimo que una autoridad, en calidad de ciudadano, pueda usar sus horas libres para exponer las razones políticas por las que conviene votar por cierto candidato. "Eso pasa en todos los países democráticos del mundo; no creo que en ningún país democrático haya capiti diminutio de que los ministros, subsecretarios y jefes de servicio queden inhibidos de hablar y de ejercer sus derechos ciudadanos fuera de las horas de trabajo y sin ejercer la autoridad de sus cargos", expresó.

Pese a defender la impugnación, Viera-Gallo se mostró "dispuesto a perfeccionar" la normativa actual. "Si alguien piensa que hay que mejorar esta legislación, el Gobierno está dispuesto a estudiar esas mejorías siempre y cuando no se vulneren los derechos constitucionales de los ciudadanos que son funcionarios públicos", afirmó.