Diputados presentaron querella criminal contra alcalde Cornejo

SANTIAGO.- Los diputados DC Jorge Burgos, Gonzalo Duarte y el diputado PS Carlos Montes presentaron en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal, por fraude al fisco y negociación incompatible, contra el alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI).

Burgos calificó como "graves" las irregularidades detectas por la Contraloría en el municipio y afirmó que, "a la luz de los antecedentes derivados del informe final" del organismo "se configura la comisión de los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, figuras previstas y sancionadas en los artículos 239 y 240 del Código Penal; correspondiendo una investigación en los Tribunales de Justicia".

Sobre el delito de negociación incompatible, el parlamentario DC explicó que, considerando la naturaleza de funcionario público, se aplica el artículo 240 del Código Penal, que establece que "se sancionará con iguales penas al empleado público que en el negocio u operación en que deba intervenir por razón de su cargo diere interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma".

Lo anterior fue contrastado por el parlamentario con los contratos celebrados por el municipio de Recoleta, entre agosto del 2006 y marzo del 2007 con la empresa GMA S.A,, representada por su gerente general, Jenny Acevedo. "El alcalde Cornejo, en representación de la Municipalidad de Recoleta, celebró ambos contratos con Jenny Acevedo, quien era –además de representante y administradora de GMA S.A.- su socia en la empresa Asesorías en Gestión Comunicacional S.A. o Rush S.A;  configurándose el delito de negociación incompatible", sostuvo.

Respecto al delito de fraude al fisco, Burgos, citando el artículo 239, explicó que "el empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las Municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento del perjuicio causado".

"Los hechos, son de tal gravedad, que demuestran que los servicios contratados y pagados por el Municipio no sólo no se realizaron cabalmente, sino que además dan cuenta del incumplimiento de dicho contrato, de la falta de idoneidad de dicha empresa para realizar la labor encomendada, de la falta de necesidad de los servicios, y de la nula eficiencia y eficacia de su contratación, perjudicando patrimonialmente de manera evidente a la comuna por los servicios supuestamente prestados por GMA", sentenció.

El patrocinio de la querella quedó en manos de los abogados Gonzalo Insunza, José Pablo Forteza y Matías Insunza.