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Corte confirma libertad de general (r) Sinclair

Tanto él como el general (r) Hugo Prado y el coronel en servicio activo, Marco Bustos, podrán dejar el Regimiento Militar tras el pago de una fianza de 200 mil pesos.

21 de Julio de 2008 | 13:05 | Ximena Pérez G., El Mercurio Online
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El magistrado Mario Carraza acogió la solicitud de excarcelación presentada por la defensa de los encausados, previo pago de una fianza de 200 mil pesos.

El Mercurio

SANTIAGO.- La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones confirmó la libertad provisional de los generales (r) Santiago Sinclair, Hugo Prado y del coronel en servicio activo, Marco Bustos, ratificando de esta manera lo resuelto por el ministro en visita, Mario Carroza.


El magistrado, quien procesó a los militares el jueves pasado como coautores del secuestro calificado de cinco miembros del Frente Manuel Rodríguez (FMR) en 1987, acogió la solicitud de excarcelación presentada por la defensa de los encausados, previo pago de una fianza de 200 mil pesos.


Así, los tres encausados podrán dejar el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, donde se encuentran recluidos desde el jueves.


En el procesamiento el ministro Carroza apuntó a la "responsabilidad del mando" que le cupo a Sinclair -ex vice comandante en jefe del Ejército y ex senador designado-, a Prado -ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)- y a Bustos, actual jefe del departamento de planificación de la Dirección de Logística del Ejército.


Según el procesamiento, tras el secuestro del coronel Carlos Carreño, el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la CNI participaron en un operativo para detener, entre el 9 y 10 de septiembre, a cinco miembros del FMR, "para eventualmente canjearlos" por el oficial.


Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas fueron retenidos y mantenidos ocultos, bajo custodia, en el Cuartel Borgoño del Ejército, durante el tiempo que duró el secuestro de Carreño.


Cuando éste fue liberado en Brasil, en diciembre de 1987, agrega el encausamiento, "se decidió por la CNI la eliminación de los detenidos, y se organiza un operativo que permite sacar los cinco cadáveres y transportarlos en un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército desde el Fuerte Peldehue hasta las costas de Quintay, para finalmente arrojar sus cuerpos al mar atados a durmientes".


Dada la "envergadura de la referida operación", plantea el magistrado Carroza, "no puede sino concluirse" que no sólo participaron agentes de la CNI, sino también miembros del Batallón de Inteligencia (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército, "operativos que la línea de mando militar de las organizaciones aludidas no pudieron desconocer ni dejar de controlar, toda vez que se trata de una institución con poder jerarquizado".

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