La medida permitirá que el fiscal preferente Enrique Rodríguez conozca toda la información respecto de los pacientes que no fueron notificados, aunque los datos seguirán sometidos a la confidencialidad, como exige la Ley del Sida.
Precisamente ese argumento fue utilizado por el Ministerio de Salud para explicar la presunta negligencia registrada en este caso, ya que hay personas que no han querido saber el resultado de su examen.
Según la ministra del ramo, María Soledad Barría, lo que prevalece es el respeto a la privacidad, por lo que sólo se puede notificar al enfermo y no a un tercero de un testo positivo e incluso se debiera respetar la decisión del afectado a no querer conocer su diagnóstico.
Sin embargo, en 2006, la Contraloría emitió un dictamen que desvirtúa el argumento de la secretaria de Estado. El oficio estipula que la facultad del paciente de no querer conocer los resultados de su examen es "incompatible" con los principios de la ley del sida.
Tras la resolución de la Corte de Apelaciones inmediatamente se destinó a un equipo de la Brigada de Homicidios a decomisar toda la documentación existente en la oficina de partes y distintas unidades del Hospital de Iquique.