SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) anunció que las manifestaciones que este lunes iniciaron importadores y comerciantes bolivianos, en rechazo a un decreto que restringió el ingreso de automóviles usados a su país, se agudizará si no se escuchan sus demandas.
Juan Bassi, vicepresidente de la CNDC y que participa en terreno de las movilizaciones de los transportistas bolivianos, señaló que la medida del gobierno de Evo Morales perjudica "fuertemente a ambos lados de la frontera", y que hasta el momento impide el ingreso de 130 camiones chilenos a Bolivia.
"Los camioneros chilenos están en la aduana boliviana y no pueden ingresar a ese país, por el decreto que hay (...). El camino está bloqueado y la toma tiene carácter indefinido. Los bolivianos afectados por la prohibición del gobierno tienen el lema de muerte o sangre. Está muy brava la cosa", señaló el dirigente.
Hace 23 días más de un centena de camioneros chilenos se encuentran varados en el complejo fronterizo boliviano de Tambo Quemado, donde este lunes se concentraron las manifestaciones que mantienen cortadas las rutas hacia Chile.
"Nosotros tenemos a nuestra gente botada en plena cordillera hace tres semanas y el gobierno no ha hecho nada. Acá se está gestando una situación explosiva si esto no se resuelve", afirmó el presidente de la CNDC, Juan Araya.
El dirigente señaló que el gremio apoya la protesta en la frontera y que se espera que llamado de atención lo acojan los responsables gubernamentales, "no queremos que después ese llore sobre la leche derramada", sostuvo Araya.
El 12 de enero, en tanto, está previsto el viaje a Bolivia del director de Asuntos Económicos bilaterales de la cancillería chilena, Andrés Rebolledo, para abordar el asunto.
El decreto boliviano fue emitido a inicios de diciembre y prohíbe la importación de automóviles de segunda mano, con una antigüedad superior a los cinco años.
La medida boliviana producirá la pérdida de unos 13.000 empleos en la ciudad chilena de Iquique, principal puerto de embarque de los automóviles a La Paz, y pérdidas por unos 300 millones de dólares, según cifras chilenas.