LA PAZ.- Bolivia y Chile comenzarán a debatir mañana los términos en que la prohibición boliviana para la importación de autos viejos sea eventualmente flexibilizada, sin dejar de atacar al narcotráfico y al contrabando, según el pedido de la presidenta Michelle Bachelet a su par Evo Morales.
Representantes de la Cancillería y el Ministerio de Hacienda de Bolivia se reunirán con enviados de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería chilena, en medio de nuevas amenazas de movilización por parte de cientos de importadores, que la semana pasada protestaron semidesnudos por las calles de La Paz.
La delegación de la Cancillería chilena que se entrevistará con el canciller boliviano David Choquehuanca está conformada por los directores generales de Relaciones Económicas Internacionales, Carlo Furche, y de Asuntos Bilaterales de la Dirección Económica, Andrés Revolledo.
Los acompañan cuatro técnicos, que se reunirán después con funcionarios del Ministerio de Hacienda, según el reporte del diario "La Razón", conformado por funcionarios de esta repartición.
Cerca de 27.000 vehículos usados que se encuentran en los puertos de Arica e Iquique y en los pasos intercordilleranos de Tambo Quemado y Pisiga no pueden ingresar a Bolivia porque el Manifiesto Internacional de Carga (MIC) establece que su destino final es Chile y no Bolivia, según el decreto que prohíbe la importación de motorizados viejos, alertó también el periódico.
El negocio mueve unos 300 millones de dólares al año entre comerciantes de uno y otro país y su anulación afectará a 3.000 puestos de trabajo en las zonas francas de Iquique y Arica, con daños para 12.000 personas, de acuerdo con los cuestionamientos de los exportadores chilenos que han solicitado la ayuda de la presidenta Bachelet.
"Nuestros capitales han sido despojados con este decreto", dijo a "La Razón" Valentín Maidana, de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Vehículos Usados que agrupa a otras 12.000 personas, mientras aguardaba la llegada de grupos de protesta provenientes de las zonas francas de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Patacamaya para presionar hasta lograr la "sensibilización" de las autoridades a fin de recuperar el dinero invertido en la compra de los 27.000 vehículos de segunda mano en Chile.
La anulada importación de autos usados muestra la fuerte interrelación entre las economías y poblaciones del norte de Chile y el occidente de Bolivia. El conflicto se planteó a comienzos de diciembre, cuando el presidente Morales emitió la prohibición. Desde entonces sus ministros han sostenido que la medida no será revisada, pese a que Bachelet insistió al menos en una "gradualidad" en su aplicación, según declaraciones a medios locales a comienzos de año.
Los importadores y sus empleados cerraron el paso a mediados de diciembre a 150 kilómetros de la frontera y uno de sus mecánicos falleció durante la intervención policial para disolver los disturbios.
Según Bachelet, Morales le aclaró que la prohibición tiene por objetivo atacar a los grupos de narcotraficantes y contrabandistas que operan entre el norte de Chile y las ciudades del occidente altiplánico, pero comprendiendo el impacto social de la prohibición en las zonas francas chilenas, expresó su voluntad para encontrar una doble solución que, al frenar las actividades ilegítimas e ilegales, no afecte al empleo en ambos países.
