SANTIAGO.- Tras la acreditación del juez del 7° Juzgado de Garantía, Patricio Álvarez, sobre la participación del ex director del Registro Civil Guillermo Arenas en dos contratos por 200 millones de pesos cada uno con la Universidad de Santiago de Chile (USACh), la Fiscalía adelantó que el Ministerio Público presentará cargos a otras 20 personas por honorarios en "trabajos" no realizados.
Entre los afectados aparece el ex rector de dicha Casa de Estudios Ubaldo Zúñiga, quien junto a sus ex colaboradores -Humberto Jorquera, Enrique Araya y Cristián Escalona- habrían recibido dineros de los $400 millones firmados por asesorías entre el plantel y el Registro Civil, según informó "La Segunda".
La polémica surge luego de las incongruencias en las declaraciones del ex rector Ubaldo Zúñiga, sobre la supuesta realización de tales asesorías por parte de la USACh a la entidad en los planes de licitación de los Servicios Integrales Informáticos.
Mientras Zúñiga asegura que los proyectos "funcionaron de manera exitosa", la fiscal a cargo de la investigación Alejandra Godoy sostiene que éstos no fueron realizados.
Ante esta situación, además de Zúñiga, el actual rector de la Casa de Estudios Juan Manuel Zolezzi fue citado a entregar su testimonio a la fiscalía por segunda vez.
La conexión de este último con las diligencias se remonta a su llegada a la rectoría en Agosto de 2006, precisamente el mes en que Zúñiga firmó el proyecto por 200 millones de pesos por ocho meses.
Tras cumplirse el plazo, sería en septiembre de 2007 cuando se rubricaría una prórroga por otros seis meses con un valor nuevamente de $200 millones, tiempo en el que Zolezzi ya estaba al mando de la Universidad.
Al ser consultado, el actual rector de la USACh reconoció a Emol que "sí, yo firmé la prórroga".
En las inconsistencias, también aparece mencionado el vicepresidente de la DC Enzo Pistacchio, a quien se le acusa de haber participado en tres contratos, los cuales no se habrían materializado.
El DC se mostró sorprendido ante la acusación. "De los tres contratos que yo autoricé, todos los trabajos están hechos y en manos del Registro Civil", dijo al vespertino.
Sumario administrativo
Ante la polémica que vincula a la Universidad de Santiago con asesorías no realizadas al Registro Civil, ésta adelantó en un comunicado que apenas se conoció la denuncia pública en mayo de 2008 "la Rectoría ordenó la instrucción del sumario administrativo correspondiente, para determinar posibles responsabilidades de funcionarios de esta corporación en dichas irregularidades, procedimiento que se encuentra en pleno desarrollo".
El documento, firmado a nombre de Juan Manuel Zolezzi, señala además que "la actual administración de la Universidad ha colaborado y seguirá colaborando con la fiscalía en todos los requerimientos hechos por la Sra. fiscal Alejandra Godoy".
En ese sentido la ex Universidad Técnica aseguró que "se ha entregado toda la documentación relativa al caso de la cual dispone la administración de la Universidad, incluyendo antecedentes obtenidos a través del sumario administrativo interno, acumulados a la fecha de la solicitud".
Por último, el comunicado agrega: "La actual Rectoría de la Universidad de Santiago de Chile, se hace un deber en manifestar que la institución no avala ni permitirá acciones o conductas irregulares por parte de ninguno de sus funcionarios, instruyendo los procedimientos disciplinarios que dispone la ley para estos casos, de la misma forma como espera que la justicia cumpla su cometido, a objeto de esclarecer a la brevedad los hechos".