Hasta sanciones económicas arriesgan funcionarios que no entreguen información pública

SANTIAGO.- ¿Cuánto dinero ganan la Presidenta y sus ministros al mes? ¿Quiénes son, con nombre y apellido, los funcionarios que componen un servicio público, cuáles son sus funciones y sus sueldos respectivos? ¿Qué personas han sido beneficiadas con algún subsidio?

Si alguna vez ha tenido este tipo de interrogantes, a partir del 20 de abril próximo podrá acceder a la respuesta haciendo click en una página web o rellenando un formulario para solicitar los antecedentes a la entidad respectiva.

Ese día entrará en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que según el Gobierno es "un paso concreto" para "poner atajo a la corrupción".

Con el afiche titulado "Por un Chile más transparente", el Ejecutivo comunicará a la población los contenidos de la nueva normativa, que obliga a los servicios públicos a divulgar la nómina completa de los funcionarios de planta, a contrata y a honorarios, con sus funciones e ingresos brutos.

Asimismo, establece que se publiquen las transferencias efectuadas a terceros, la lista de los beneficiarios de subsidios y la ejecución presupuestaria del servicio correspondiente.

De acuerdo a lo explicado por el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, cualquier ciudadano que quiera pedir una información pública específica podrá hacerlo al completar un formulario que estará disponible en papel e internet.

El único requisito para obtener una respuesta es que se identifique "con precisión cuál es la información del documento que está solicitando", aseguró.

Las peticiones online serán monitoreadas por un sistema de control a nivel central, de tal manera que habrá un registro de cuántas ingresan cada día, a qué institución van dirigidas, cuál es el trámite que se les da y qué tiempo se les ha asignado para ser respondidas.

En todo caso, la ley obliga a que se contesten dentro de 20 días. De lo contrario, permite que el ciudadano reclame ante el Consejo para la Transparencia, que podrá sancionar al funcionario "si se ve que no ha entregado la información por alguna actitud dolosa".

Según Viera-Gallo, "esas sanciones pueden ir desde una amonestación hasta quitarle una parte del sueldo", a lo que se sumaría la "sanción pública" que recibiría al ser denunciado por la prensa.

Incluso, el titular de la Segpres afirmó que podría haber "sumarios administrativos en casos graves".

El mismo Consejo que analizará las posibles sanciones será el encargado de velar porque la información pública sea actualizada cada mes.