Familia de matrimonio asesinado en Chiloé pedirá a la Suprema traslado de jueces

SANTIAGO.- Los familiares del matrimonio Suárez-Vargas, asesinado en diciembre de 2007 en el sector de Las Quemas, en la comuna de Dalcahue, exigieron el traslado de las jueces del Tribunal Oral en Lo Penal de Castro, que sentenciaron a penas calificadas como "exiguas" por los cercanos a las víctimas.
 
Las juezas Angélica Monsalve, Pamela Lobos y Loreto Yáñez, que integran el Tribunal Oral en Lo Penal de Castro, condenaron a  Patricio Andrade Arriagada y Cristian Contreras Millalonco a penas de presidio perpetuo simple y 20 años, respectivamente, y a Javier Andrade Águila a una pena de 10 años y un día de reclusión en un centro psiquiátrico.
 
La familia, en tanto, esperaba una condena ejemplar de presidio perpetuo calificado contra al menos dos de los tres sujetos que, premunidos de un combo, asesinaron a golpes al matrimonio chilote mientras dormía, causando indignación pública. Por lo mismo, considera que las magistradas están "impedidas moralmente de seguir conformando el tribunal".
 
Por este motivo, Alicia Suárez, hermana de una de las víctimas explicó que pedirán próximamente, por escrito, a la Corte Suprema el traslado de estas juezas fuera de Chiloé. "En la isla necesitamos jueces valientes, que no les tiemble la mano, que hagan justicia y no protejan a los delincuentes", aseveró.
 
Javier Suárez, hijo de Augusto Suárez, señaló que "obviamente estamos muy descontemos con el fallo y esa disconformidad la vamos a expresar muy pronto públicamente. Nosotros ya no creemos en las instituciones y vamos a optar por nuestro legitimo derecho del repudio público contra el tribunal".

Añadió que "desde hace ya varios años el Poder Judicial figura entre las instituciones peor evaluadas por los chilenos en diversas encuestas. Pero a muchos jueces no les importa y les da lo mismo, porque nadie los fiscaliza. La comunidad de Chiloé quedó con una sensación de estafa por el fallo".

En tanto, Enrique Osses, sobrino del matrimonio, indicó que "las juezas no tuvieron el suficiente coraje y valentía para aplicar una condena de presidio perpetuo calificado teniendo las prerrogativas y la facultad de hacerlo. Sólo dependía de ellas. Más aún cuando se acreditaron al menos tres agravantes. Tuvieron la oportunidad histórica de haber dictado una condena ejemplar. No lo hicieron. Por eso deben irse".