SANTIAGO.- Luego de que la ex abogada de la Alicia Guzmán del Río asegurara que no asistió a la formalización de Mauricio Huaiquilao Huaquilao, acusado de cuatro delitos terroristas debido a la existencia de un instructivo presidencial que inhibe hacerse parte en ese tipo de causas, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, desmintió completamente esta versión y aseveró que el Gobierno
"Quiero aclarar una información que apareció hoy día en la prensa, de la ex abogada de la Intendencia de la Araucanía, quien sostuvo que no concurrió a una audiencia de formalización en una causa que se investiga en esa fiscalía por un supuesto instructivo del gobierno en la materia. Lo quiero desmentir de manera tajante y categórica", afirmó Rosende.
A continuación, sostuvo que "no existe, ni existió, ni existirá jamás un instructivo a los abogados del Gobierno para no comparecer en las causas criminales que se investigan" y resaltó que el Ejecutivo siempre "ha tenido una actitud y una decisión de perseguir la responsabilidad criminal en todos los escenarios, en todas la causas que se investigan en las fiscalías del país".
En ese sentido, Rosende dijo que el mismo criterio se aplica para la Ley de Seguridad Interior del Estado, ya que la normativa es muy clara y se aplica cuando las fiscalías han reunido los antecedentes que a ellos les parecen adecuados para formalizar un determinado delito.
"En eso el Gobierno no tiene opinión, porque no le corresponde calificar la existencia o la tipificación de los delitos. Es el Ministerio Público, el que de acuerdo a la investigación policial y judicial que se hace, se forma la convicción de que existe en un determinado caso, un tipo de delito específico y son ellos los que tienen competencia para ellos y el Gobierno respalda esa acción", puntualizó Rosende.
Frente al compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet de no invocar la Ley Antiterrorista, el subsecretario indicó que una cosa es la decisión de la Mandataria y otra muy distinta es que sea el Ministerio Público el que determine que es necesaria su aplicación.
Rosende explicó que "si un fiscal del Ministerio Público, frente a un delito en particular, llega a la convicción, de acuerdo a los antecedentes que logre reunir en la investigación, que corresponde invocar esa ley, eso es competencia y facultad del Ministerio Público, no del Gobierno".