Felipe Sandoval no quiere que el caso en su contra pueda ser usado para perjudicar políticamente a Frei.
Michael Gálvez, El MercurioSANTIAGO.- El ex subsecretario de Pesca Felipe Sandoval, miembro del equipo programático del candidato presidencial de la DC, Eduardo Frei, fue sancionado por la Contraloría Regional de Valparaíso y se le abrió un juicio de cuentas por unos 300 millones de pesos.
El ente fiscalizador estableció que cuando Sandoval ocupaba el cargo en Pesca, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se entregaron una serie de bonos por un total de 1.200 millones de pesos a unos 900 pescadores artesanales de la Octava Región, pero alrededor de 150 de ellos acreditaron que tenían esa calidad y accedieron a los beneficios monetarios con declaraciones juradas respaldadas con boletas que la Contraloría presume que son falsas.
Según indicó Sandoval al diario "La Segunda", decidió dejar el comando de Frei para dedicarse a preparar su defensa de los cargos, de los que se declara totalmente inocente. Además, dijo que no quiere que el caso pueda ser usado para perjudicar políticamente a Frei.
"Creo que tengo todos los elementos para que se resuelva bien este caso, pero necesito tiempo para dedicarme a eso y así se lo dije a Belisario Velasco", declaró el ex subsecretario al vespertino.
En 2007 la Contraloría de la Quinta Región inició una auditoría a los 1.200 millones de pesos entregados a los trabajadores que debían acreditar su condición de pescadores con cotizaciones previsionales.
Para ello presentaron declaraciones juradas que acreditaban trabajo, pero varios de ellos entregaron boletas de honorarios, que la Contraloría presume que son falsas.
De hecho el propio Sandoval reconoció esta situación, pero argumentó que las boletas no fueron revisadas por la subsecretaría porque consideraron que las declaraciones juradas eran suficiente.
Además, alegó que el caso estaba prescrito y que al revelarse el primer preinforme de la Contraloría, que daba cuenta de problemas, ellos mismos concurrieron al Consejo de Defensa del Estado que abrió un juicio en los tribunales de la Octava Región, que no ha avanzado.