SANTIAGO.- Por 44 votos a favor, 35 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora que estableció responsabilidades políticas para los ministros Andrés Velasco y René Cortázar en la tramitación del préstamo solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Transantiago y que fue impugnado por el Tribunal Constitucional.
El texto de la instancia investigadora contó con el respaldo de todos los parlamentarios de la Alianza, los independientes Carlos Olivares y Eduardo Díaz, además del PPD René Alinco.
En sus conclusiones, el documento le atribuye al Gobierno una responsabildad colectiva grave, "al haber abusado de sus atribuciones y arrogarse facultades que le corresponden exclusivamente al Congreso".
Asimismo, se establece que la situación actual de Transantiago es financieramente desesperada y que, de aplicarse a su situación las normas de derecho común, se trataría de una empresa en quiebra.
Respecto a los secretarios de Estado se señala que ambos "jugaron un rol activo en la concreción de una estrategia política, técnica y comunicacional destinada a sustentar una construcción jurídica que, vulnerando la Constitución y las Leyes, permitiera seguir financiando el sistema de transportes de Santiago, por una vía alternativa al Congreso Nacional".
El documento también incluye un fuerte reproche al BID, al indicar que la operación que autorizó un crédito por US$ 400 millones al Transantiago, "fue desprolija e irresponsable, a la hora de establecer los controles adecuados" y tuvo un "trato disímil al verificar el cumplimiento de las regulaciones que caracterizan este tipo de créditos entre la institución y los privados, precisamente, por las garantías que el Estado de Chile presentó para poder sustentar este crédito".
Asimismo, se establece que el Parlamento "debe adoptar medidas concretas para que se ponga límite al despilfarro del erario nacional; y que la utilización de la Cuenta Especial de Reembolso para fines diversos a los autorizados en la ley N° 20.206 (...) parecieran demostrar que existe algún grado de responsabilidad imputable a determinados órganos del Gobierno".