Senadores de la Alianza e independientes piden sancionar con cárcel actos de colusión

VALPARAÍSO.- Coincidiendo con el caso que investiga la Fiscalía Nacional Económica en torno a la colusión entre farmacias, los senadores Alberto Espina, Carlos Cantero, Andrés Chadwick, José García y Antonio Horvath; así como sus pares Adolfo Zaldívar y Carlos Bianchi presentaron dos mociones que apuntan a sancionar penalmente la colusión.

Si bien ambas iniciativas tienen el mismo objetivo la primera pasó a la Comisión de Constitución, a petición del senador Espina; mientras que la segunda será analizada por la Comisión de Economía.

Los senadores Espina, Cantero, Chadwick, García y Horvath señalaron que “a la luz de los acontecimientos recientes, es importante reestablecer la sanción penal, solo para el caso de colusión”.

De esta forma, el proyecto establece penas de cárcel entre 61 días y 5 años para aquellos caos en que los agentes económicos, en forma expresa o tácita, acuerden fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización; donde se limite la producción, asignen zonas o cuotas de mercado abusando del poder que dichos acuerdos les confieran afectando en último término a los consumidores”.

Los parlamentarios impulsores de la moción agregaron que “los acuerdos entre empresas destinados a fijar precios son difíciles de detectar y probar, sin embargo, constituyen conductas abusivas que causan un grave impacto en el mercado y sus efectos pueden perjudicar a miles de personas”.

Puntualizaron que “para el caso de los carteles y acuerdos colusivos, el riesgo de cárcel tiene un efecto disuasivo importante, por lo que debiera restaurarse como pena adicional a las multas”. Por otra parte aseguraron que “para los dueños de las empresas tiene un impacto social mayor el hecho de ser condenados por una sanción penal que podría traducirse en el cumplimiento de una pena efectiva en la cárcel, que el simple pago de la multa”.

Precisaron que estas sanciones penales también son coherentes con la recién despachada Ley que otorga mayores facultades al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica, ya que refuerzan la legislación actual.