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Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 13:57
SANTIAGO.- Una dura reacción tuvo el senador socialista Juan Pablo Letelier, luego que el director nacional y regional de Vialidad del MOP, Carlos Rubilar y Lester Poblete, respectivamente, además del inspector fiscal René Mellado, fueran formalizados como presuntos autores de los delitos de "usurpación no violenta, perturbación en la posesión en forma arbitraria y daños", por autorizar la construcción de una calzada de acceso al casino Monticello, en la Región de O'Higgins.
"En el día de ayer hemos sido testigos en el país de una situación gravísima, y donde a mi juicio hay que preguntarse si el Ministerio Público ha atentado contra el Estado de Derecho", afirmó Letelier.
Según el parlamentario de la zona, lo grave radica en que la Fiscalía "ha insinuado el inicio de una investigación penal por delitos, cuando ya hay un juicio en el Juzgado de Letras, tanto en Santiago como en Rancagua", por el reclamo de Andrés Zaror, quien asegura que el trazado está siendo ejecutado en terrenos de su propiedad a un costado de la Ruta 5 Sur, que no fueron expropiados.
"Aquí hay un camino público. Un particular tiene todo el derecho a reclamar, pero todavía no se sabe quién es el dueño de la propiedad. Hay un particular que dice que es de él, hay otros que dicen que es de ellos. Independiente de quién sea la propiedad, la ley de caminos faculta a la Dirección de Vialidad a que cualquier camino que esté en uso público, y por cierto, su ensanche esté en dominio público, y si hay algo que hablar de dineros, eso se ve después. Aquí estamos frente a algo muy irregular", afirmó Letelier.
En este punto, el legislador sostuvo que "la ley de caminos en nuestro país es muy clara", ya que dice que "todo camino que esté o hubiera estado en uso público, se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido, y la Dirección de Vialidad ordenará (...) y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de que hubiese sido cerrado o modificado".
"Adicionalmente, la misma ley de caminos dice: las medidas que se tomen por parte de la Dirección de Vialidad se cumplirán, no obstante el derecho de cualquiera reclamación que en contra de ella se interpusiera", añadió, resaltando que tales reclamos se deben interponer ante el juez de letras respectivo.
Letelier afirmó que esta situación fija un precedente "gravísimo para el uso de las vías", por lo que espera que "los jueces de garantía, frente a una apelación que tiene que ocurrir, restituyan el Estado de Derecho".
"En el día de ayer hemos sido testigos en el país de una situación gravísima, y donde a mi juicio hay que preguntarse si el Ministerio Público ha atentado contra el estado de derecho, y esto es grave".
"Sabemos que hay un conflicto por un camino público, la Ruta 5, donde un particular hizo algo que cualquier estudiante de Derecho sabe que no se puede hacer, que se llama la autotutela, tomar la justicia en sus manos. Por iniciativa propia un particular cambió el cerco, que es lo que demuestra una foto que este particular ha metido el alumbrado público, los cables públicos, lo que era la Ruta 5 antigua la metió en su propiedad, lo que él pretende de su propiedad".
"La ley de caminos en nuestro país es muy clara, dice que todo camino que esté o hubiera estado en uso público se presumirá público en todo el ancho que tenga o haya tenido y la Dirección de Vialidad ordenará, está obligada a ordenar, y hará cumplir su reapertura o ensanche, en caso de que hubiese sido cerrado o modificado. Adicionalmente, la misma ley de caminos dice: las medidas que se tomen por parte de la Dirección de Vialidad se cumplirán, no obstante el derecho que de cualquiera reclamación que en contra de ella se interpusiera, reclamaciones que se interponen ante el juez de letras".
"Lo grave de ayer es que el Ministerio Público, el que tiene que defendernos, el que debería saber más de leyes que el común de los chilenos, ha insinuado el inicio de una investigación penal por delitos cuando ya hay un juicio en el Juzgado de Letras, tanto en Santiago como en Rancagua".
"Aquí hay un camino público, un particular tiene todo el derecho a reclamar, peor no puede ser que el Ministerio Público, cuando hay un juicio en curso, proponga someter a investigación al director nacional de Vialidad. Esto marca un precedente gravísimo. Todavía no se sabe quién es el dueño de la propiedad. Hay un particular que dice que es de él, hay otros que dicen que es de ellos. Independiente de quien sea la propiedad, la ley de caminos faculta a la Dirección de Vialidad de que cualquier camino que esté en uso público, y por cierto, su ensanche esté en dominio público, y si hay algo que hablar de dineros, eso se ve después. Aquí estamos frente a algo muy irregular".
"La autotutela, cuando alguien toma la justicia en sus manos es un delito. El particular presumiblemente cometió un delito, si se califica como autotutela, y el Ministerio Público esto lo ha pasado por alto. Esto es muy grave porque si esto se acepta, mañana lo que puede ocurrir es que un particular cierre la Alameda. Porque si la Avenida Alameda no tiene escritura, y no la tiene porque es un camino de uso público, como lo son la gran mayoría de los caminos, aquí podríamos llegar a ala ruptura de un estado de derecho básico respecto al uso de las vías públicas”.
“Esto es muy grave, nosotros vamos a pedir que por cierto los jueces de garantía puedan revisar esta situación porque este precedente, no está claro porque se dejan influir. Un fiscal del Ministerio Público en una materia como lo han hecho, generando no solamente un conflicto en una región, no solamente que más de 100 personas pierden su empleo por la paralización de una obra, lo más grave es que se presume o se fija un criterio donde el Ministerio Público no va a poder abierto los caminos de Chile”
Otras acciones
“Lo primero es constatar de que aquí hay una ley, la ley de caminos, la Corte Suprema la ha mantenido siempre vigente. Hay un juicio en un Juzgado de Letras, de conocimiento del Ministerio Público. El fiscal nacional sabe que hay un juicio y a pesar de eso, de saber que hay pendiente un juicio civil, han aceptado la tramitación de un juicio penal. Eso cualquier alumno de prime año de derecho sabe que no corresponde, menos cuando hay una acción de autotutela”.
“Esto es gravísimo, fija un precedente gravísimo para el uso de las vías, y yo espero que se reflexione sobre esta medida y que los jueces de garantía, frente a una apelación que tiene que ocurrir, restituyan el estado derecho. Hoy el estado de derecho está cuestionado con este tipo de situaciones”
¿Destitución del fiscal?
“Los mecanismo legales son súper claros, lo que necesitamos es que el Ministerio Público nos ayude, que proteja, que encause el estado de derecho y no que entre a cuestionarlo como se está haciendo en este caso. El particular tiene todo el derecho a reclamar, esa no es la discusión".
"Cualquier persona puede reclamar cuando hay un camino que cree que le han quitado un pedazo de propiedad, lo que no corresponde es que la autoridades del poder, en particular el Ministerio Público, investiguen cuando hay una ley expresa a los funcionarios de obras públicas, que están obligados por ley a mantener abiertos los caminos públicos. La ley de caminos que es antigua, es muy clara, la Corte Suprema ha ratificado esto una y otra vez. Distinto es si a ese particular hay que pagarle dinero, eso se resuelve en su mérito. Pero el someter a funcionarios públicos a investigación a un proceso por un delito, porque están diciendo que están usurpando algo que es público. O el fiscal que está cargo de este caso no ha leído bien las leye o aquí hay caso encerrado".
