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Tohá: "No hay ninguna ilegalidad" en la existencia de funcionarios a contrata y honorarios

La ministra vocera de Gobierno aseguró que 35 mil funcionarios públicos están a honorarios y de ellos sólo 10 mil cumplen funciones permanentes.

22 de Abril de 2009 | 14:00 | El Mercurio Online
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Tohá destacó que durante el Gobierno de Bachelet han pasado a ''contrata'' siete mil funcionarios que estaban a honorarios.

Alex Moreno, El Mercurio

SANTIAGO.- En medio del debate generado por el alto número de trabajadores públicos a honorarios, la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, aseguró hoy que éstos ascienden a 35 mil y de ellos sólo diez mil cumplen funciones permanentes.


De estos últimos, la mitad trabaja durante media jornada, agregó la portavoz del Ejecutivo, quien afirmó que durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet "se ha llevado a cabo una política sistemática de traspasar personas que están con contrato de honorarios a contrata, y ya hay siete mil que han hecho ese tránsito".


Al mismo tiempo, la ministra defendió la legalidad de esta prestación de servicios al Estado, puesto que anualmente es visada por el Congreso Nacional.


"La dotación máxima que pone la ley para personas a contrata es la norma general, pero año a año el Gobierno ante el Parlamento puede pedir que ese porcentaje se modifique cuando lo justifica, y así se hace, y año a año en la Ley de Presupuesto se aprueba una dotación a contrata mayor", explicó.


"Aquí no hay ninguna ilegalidad, no hay ninguna anormalidad y lo que hay más bien es una política que se ha mantenido en el tiempo y que creemos debe profundizarse a futuro, en el sentido de que no haya personas con funciones permanentes que se mantengan a honorarios y que sean crecientemente incorporadas como se ha hecho y como se va a seguir haciendo", dijo a continuación.


En esa línea, Tohá declaró que lo aprobado en la Ley de Presupuesto marca la diferencia en esta materia entre el sector público y el privado, que por ley debe contar con un máximo de 20% de sus trabajadores a contrata.


"Lo que en Chile tenemos que hacer es hacer cumplir la ley y esa norma es válida para todos. Aquí en el Estado tenemos que cumplir la ley, el sector privado tiene que cumplir la ley", subrayó.

Tohá honorarios:


"Durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se ha llevado a cabo una política sistemática de traspasar personas que están con contrato de honorarios a contrata, y ya hay siete mil personas que han hecho ese tránsito, pasando desde los honorarios a la contrata. Las 35 mil personas restantes se trata, 25 mil personas de ellas tienen funciones transitorias, que tienen contratos a plazo por algunos meses, y sólo diez mil son personas que hacen funciones más bien de tipo permanente y debieran seguir en esta política de traspaso y entrar a la contrata en algún momento".


Por eso en estos años la contrata ha ido aumentando. De esas 10 mil la mitad lo hace en jornada parcial. "O sea, hay 5 mil personas con contrato a honorario que mantienen funciones de tipo permanente".


"Por lo demás, la dotación máxima que pone la ley para personas a contrata es la norma general, pero año a año el Gobierno ante el Parlamento puede pedir que ese porcentaje se modifique cuando lo justifica, y así se hace y año a año en la Ley de Presupuesto se aprueba una dotación a contrata mayor. Aquí no hay ninguna ilegalidad, no hay ninguna anormalidad y lo que hay más bien es una política que se ha mantenido en el tiempo y que creemos debe profundizarse a futuro, en el sentido de que no haya personas con funciones permanentes que se mantengan a honorarios y que sean crecientemente incorporadas como se ha hehco y como se va a seguir haciendo".


-Cómo se explica que al sector privado se le obligue a tener un 20% de sus planillas a contrata y si no la Dirección del Trabajo les cae encima y no así al sector público, independiente de que el Congreso lo autorice...


"La razón es porque hay una ley que lo autoriza. Lo que en Chile tenemos que hacer es hacer cumplir la ley y esa norma es válida para todos. Aquí en el Estado tenemos que cumplir la ley, el sector privado tiene que cumplir la ley".


-No temen condena social por la existencia de parientes "de" entregando asesorías?


"Nosotros no le tenemos miedo a la transpatrencia. Este Gobierno ha hecho de esto una política y creemos que la transparencia es buena para Chile, y creemos que el hecho de que se haya puesto en vigor esta ley, precisamente en un año como éste, es una prueba de esa voluntad, de esa decisión. Cualquier persona puede tener dudas y cuestionamientos de todos los nombramientos y las funciones que se desarrollan en el Estado y ahí está la información, para ver qué hace esa persona, qué estudios tiene, qué función desarrolla y lo que confiamos y esperamos es que esa información se ocupe de manera seria y responsable por todo el mundo, y en ese sentido no tenemos temo, al revés: la falta de información, la falta de transparfencia se presta para suspicacias. Cuando uno está tranquilo, cuando uno sabe las decisiones que tomó... Ahora, siempre en un aparato y en una institución de la dimensión que es el Estado por supuesto que puede haber situaciones que no están bien, lo bueno de la Ley de Transparencia es que nos va a permitir desalentar esas prácticas, identificarlas cuando las hay".


"Así que, más que temor, lo que tenemos es mucho entusiasmo del paso que esto va a significar, de cómo va a empoderar a los ciudadanos y cómo va a ayudar a mejorar cada día la gestión". 

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