SANTIAGO.- El Gobierno defendió este jueves la legalidad de los contratos por $243 millones adjudicados sin licitación a centros de estudios ligados a la Concertación, desde el año 2004 a la fecha.
"Son todos contratos hechos de acuerdo a la ley. La ley establece los montos en los cuales se pueden hacer asignaciones directas y en cuáles montos no se puede hacer, y ahí está la decisión que tiene que tomar en cada caso la autoridad sobre cuál tipo de asesoría se requiere para un tipo de decisión", afirmó la ministra vocera del Ejecutivo, Carolina Tohá.
"Todos esos contratos se hicieron de manera legal y todos ellos además tienen que ser rendidos", prosiguió la secretaria de Estado, al tiempo que justificó la relación con los centros de estudios afines al oficialismo.
"Cuando uno gobierna quiere llevar a cabo una política pública, cuando uno tiene que definir una nueva ley o quiere tener una mirada respecto a una política que está en desarrollo, obviamente busca personas que compartan su mirada respecto a lo que se quiere evaluar. Difícilmente vamos a pedirle a un organismo que no cree por ejemplo en la función reguladora del Estado, que venga a decirnos cómo fortalecer la función reguladora del Estado", explicó.
Un argumento similar entregó el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien consideró "obvio que a la hora de hacer estudios se privilegie a organismos que tengan la misma óptica que el Gobierno", ya que así se "facilita la definición de las políticas públicas".
"Es muy positivo que todos los chilenos puedan conocer hoy esos datos, todos los chilenos pueden saber que és lo que el Estado contrata, en qué montos, para qué, en qué instituciones, con cuánta reiteración y eso lo consideramos un valor y estamos con la seguridad que eso le va a hacer bien a Chile".
"Los datos que han salido hoy día informados respecto a estudios que se han hecho con algunos centros son una parte de volúmenes mucho mayores de estudios que el Estado hace con distintas instituciones".
"Son todos contratos hechos de acuerdo a la ley. La ley establece los montos en los cuales se pueden hacer asignaciones directas y en cuales montos no se puede hacer, y ahí está la decisión que tiene que tomar en cada caso la autoridad de cuál tipo de asesoría se requiere para un tipo de decisión, cuando se está pensando un proyecto de ley, cuando se está pensando una política pública, cuando es un estudio de una magnitud x u otra y para eso existe la ley, para decir, de cierto monto para arriba se hace con cierto tipo de licitación, de otro monto para arriba tiene que ser una licitación pública, los plazos van cambiando, y todos esos contratos que usted me menciona son contratos que se hicieron de manera legal, y todos ellos además tienen que ser rendidos".
"Cuando se contrata un estudio es porque sirve a la función que se está desarrollando o para generar una nueva política, o para evaluar una política que se está haciendo, o para hacerle modificaciones. Para eso son los estudios y las asesorías. Cuál es el órgano pertinente en cada caso, eso es algo que tiene que definir la autoridad y para eso hay normas también, para definir el procedimiento con el cual esos estudios se adjudican, y las normas en todos estos casos que usted me menciona fueron cumplidas".
-También se está abusando de los recursos públicos, como dice la Alianza
"Primero, la Alianza que ha salido en estos días a decir que es terrible que el Gobierno contrate a organismos que le son afines, parece que hace tanto tiempo que no está en el Gobierno que se le olvida que cuando uno gobierna quiere llevar a cabo una política pública, cuando uno tiene que definir una nueva ley o quiere tener una mirada respecto a una política que está en desarrollo, obviamente busca personas que compartan su mirada respecto a lo que se quiere evaluar, difícilmente vamos a pedirle a un organismo que no cree por ejemplo en la función reguladora del Estado, que venga a decirnos cómo fortalecer la función reguladora del Estado".
"Ahora, esto no quiere decir que se hace de cualquier manera, se hace de acuerdo a una ley que establece procedimientos, que establece montos, que establece requisitos y tampoco se hace y quedan en silencio, se publica después, la ciudadanía lo puede conocer, la Contraloría lo puede auditar y la Cámara de Diputados lo puede fiscalizar".
"Entonces lo que hay que hacer es evaluar el mérito de esos trabajos, evaluarlos en su mérito y para eso, hay organismos y esos son los que tienen que hacer esta labor, no estas instancias, sino las que les corresponde evaluar la calidad de los trabajos".
El ministro Secretario General de la Presidencia calificó como un hecho lógico el que el gobierno trabaje mayormente con fundaciones y centros de estudios ligados a la Concertación, como quedó en evidencia tras la puesta en marca de la Ley de Transparencia.
El saecretario de Estado dijo que es obvio que a la hora de hacer estudios se privilegie a organismos que tengan la misma óptica que el gobierno, pues facilita la definición de las políticas públicas.