SANTIAGO.- Tras conocerse que el Gobierno encargó una serie de encuestas para medir el escenario político a nivel nacional, que tendría un costo que bordea los 200 millones de pesos, el vocero de Renovación Nacional, diputado Nicolás Monckeberg, cuestionó duramente la decisión debido al complejo escenario económico que vive el país.
“Cuando en un país más de 700 mil familias están sufriendo duramente la falta de trabajo y difícilmente pueden pagar sus costos de movilización, que el gobierno decida gastar más de $200 millones en tres encuestas políticas nos parece una falta de criterio que irrita y desprestigia a las autoridades públicas”, dijo el parlamentario.
Para Monckeberg, el gobierno debe dar el ejemplo en sus llamados a la cautela respecto al manejo de los gastos y aseguró que el dinero que se utilizará en los sondeos podría haberse destinado a reforzar los impulsos al empleo.
"El Gobierno ha llamado a los chilenos a ser austeros, pero ¿De qué austeridad me hablan, cuando con esta plata el gobierno podría garantizar cerca de 1300 sueldos mínimos a chilenos cesantes, o más de 2500 subsidios de contratación de mano de obra a chilenos y chilenas que realmente lo necesitan?", aseveró Monckeberg.
El parlamentario fue enfático al sostener que el Gobierno, a través de instituciones como el Mideplan o el INE tiene las herramientas necesarias para hacer mediciones a nivel regional sin incurrir en gastos extras.
"Si el Gobierno quiere hacer encuestas sociales de aspectos regionales, para eso está Mideplan, el INE, y otros organismos. Este tipo de encuestas las hacen los comandos de campaña y se pagan con fondos de campaña”, puntualizó.´
Según explicó "en innumerables oportunidades la Contraloría ha señalado que los gastos públicos del Gobierno no deben ir dirigidos a actividades político partidistas y nosotros estamos convencidos que una encuesta que mida tendencias políticas no sólo es innecesaria, sino que además es ilegal".
Añadió que "por lo mismo, le pedimos al Gobierno que desista de esta encuesta. Los chilenos no necesitamos que la haga ni mucho menos que la reparta. Preferimos que utilice esos recursos para enfrentar la cesantía de las comunas más pobres de nuestro país".
Finalmente, Monckeberg anunció que “si el Gobierno insiste con esto, vamos a intervenir ante la Contraloría para que se pronuncie en forma rápida sobre la legalidad o ilegalidad de esta situación, para que el Gobierno se vea obligado a respetar la legalidad vigente”.