SANTIAGO.- Hasta la ex Penitenciara de Santiago llegaron los integrantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara con el fin de fiscalizar su estado, en respuesta a denuncias sobre hacinamiento, falta de políticas claras de rehabilitación y deficientes condiciones para el trabajo de los gendarmes en los penales del país.
El presidente de esta instancia, Sergio Ojeda (DC), calificó la situación como "grave y preocupante ya que, al menos en este penal, la ex Penitenciaría, sabemos que hay cupo para tres mil internos y hay más del doble".
Añadió que "obviamente esta situación genera hacinamiento, promiscuidad y ello en nada colabora con lo que debemos propiciar: La rehabilitación y la reinserción social de quienes ya han pagado sus penas".
Ojeda detalló que ya estuvieron en Colina II "y planteamos a las autoridades nuestra preocupación, y la próxima semana estaremos en el Penal Cordillera, donde se nos ha señalado que existirían tratos discriminatorios entre algunos interno".
"La idea es seguir recorriendo los penales y entregar un informe completo. Si el Estado no colabora realmente en la rehabilitación, no estamos cumpliendo con lo que realmente corresponde", manifestó.
El parlamentario enfatizó que "no queremos más muertes en las cárceles ni situaciones denigrantes. Es cierto que los condenados están pagando lo que corresponde, pero no por ello han perdido sus derechos humanos".