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Santiago: Miércoles 04 de diciembre del 2024 | Actualizado 00:35
SANTIAGO.- La docente y experta en derechos reproductivos y sexuales de la Universidad Diego Portales (UDP), Lidia Casas, aseguró hoy que el reciente dictamen de Contraloría que prohíbe la entrega de la "píldora del día después" en los municipios no hace alusión a la venta en farmacias, como sí sostiene el abogado Jorge Reyes, quien fue uno de los requirientes del pronunciamiento y quien asesora a ONGs contrarias a la distribución del fármaco.
"El dictamen a lo único que se refiere es a las facultades de las municipalidades de entregar el anticonceptivo ya sea directamente, por sus servicios de salud en atención primaria, o en convenio con asociaciones no gubernamentales. Más aún, el dictamen dice derechamente que no es materia de su competencia entrar a discutir ni la venta en farmacias ni la norma sobre entrega de anticoncepción a mujeres violadas ni menos aún sobre las competencias que tenga el Instituto de Salud Pública", afirmó la investigadora, quien litigó el caso en el Tribunal Constitucional en representación de los diputados de la Concertación.
El ente contralor se pronunció respecto al polémico tema luego de ser requerido en tal sentido por distintas instancias, entre ellos la Asociación de Municipios y el abogado Reyes. Este último en representación de grupos denominados pro vida y férreos detractores de la píldora.
Lo que se se solicitó en dicha oportunidad a la Contraloría era determinar los alcances jurídicos del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que en abril del 2008 impidió al Ministerio de Salud seguir incluyendo el levonorgestrel en las políticas sobre fertilidad, al establecer como una "vulneración a la Carta Suprema" la "realización por parte de los entes integrantes de la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud, de acciones que impliquen la utilización del fármaco levonorgestrel y el método combinado Yuzpe, denominados "píldora del día después".
Según Casas, lo único que hace Contraloría es mirar el efecto del fallo del TC en relación a las facultades que tienen las municipalidades y "por eso no afecta nunca a los privados".
En contraposición Jorge Reyes insistió hoy en que el alcance del dictamen de Contraloría también toca a las farmacias, por lo que tampoco pueden seguir vendiendo el levonorgestrel 0,75, puesto que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud al tener convenios con dicha entidad.
En efecto, el documento afirma que "se encuentran en la misma situación (en el ámbito de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional) los demás entes públicos y privados que suscriban convenios con los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud, por cuanto, en su virtud, constituyen asimismo dicho sistema".
Futuro de los caminos que baraja el gobierno
En relación a los caminos elegidos por el gobierno para reponer la entrega de la "píldora", que incluyen pedirle a la Contraloría que reconsidere el dictamen y el envío de un proyecto de ley que garantice el derecho a la anticoncepción, la experta de la UDP manifestó su pesimismo frente a la posibilidad de lograr una solución clara y rápida en esta materia.
"Creo que es súper improbable que parlamentarios de la Alianza no vayan a cuestionar una iniciativa legal como esa. No creo que un sector duro de la UDI se vaya a desdecir de algo que vienen diciendo hace tanto tiempo y que para muchos constituye un caballo de batalla (...) Además, los votos al interior de la Democracia Cristiana tampoco están claros. Creo que hay sectores al interior del partido que están silenciosos y aunque el candidato Frei haya dicho una cosa, no estoy segura de que pueda arrastrar a todo su sector", afirmó Casas.
En tanto, Reyes, en entrevista con radio Agricultura, sostuvo que el proyecto de ley anunciado por el Gobierno debe ser impugnado en el Parlamento, ya que lo contrario sería un "gol por secretaría".
"El proyecto que anunció el Gobierno nació nulo. Basta de goles por secretaría, no puede ser que se siga haciendo trampa en solitario, no se puede llegar así", sentenció el abogado.
La respuesta de La Moneda no se hizo esperar y llegó a través del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. "Él planteó el reclamo al TC mal, asuma él la responsabilidad de haberlo formulado mal para defender su propia tesis", declaró.
"Él debió haber pedido al TC que anulara la circulación del remedio en todo el país, que no se pudiera importar, producir, distribuir bajo ninguna circunstancia. Como él lo hizo mal se creó una situación completamente anómala en que la mujer que tiene plata lo compra en la farmacia y la mujer que no tiene recursos no puede acceder al remedio, eso es un absurdo", concluyó el ministro.
