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Santiago: Martes 17 de septiembre del 2024 | Actualizado 01:20
SANTIAGO.- El Director Nacional de la Asociación de Funcionarios IPS, Hernán González, denunció hoy la existencia de corroboraciones en las irregularidades en la administración y funcionamiento de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, señalando que tales resultan "una vergüenza para todo el país".
Para González, quien junto a la ex Agente de la Caja en Valparaíso, Alejandra Lürh, y el presidente de la Asociación de Funcionarios del Sernatur, José Reyes, convocaron una conferencia de prensa, el responsable de las irregularidades es el administrador del organismo, Sergio Gordon, quien en sus más de 50 años en el poder ha sido el protagonista del eventual menoscabo patrimonial, supuesta vulneración de los objetivos sociales y de la distorsión de la naturaleza de la personalidad jurídica de la Caja.
"No puede ser que el señor Gordon traiga obligados a sus jefes de sucursales a las juntas de Imponentes de la Caja al personal desde todas partes del país para recaudar poderes a nombre de él. No puede ser juez y parte en el asunto" acusa González.
Además, el funcionario pone énfasis en que a "Gordon le cae la responsabilidad de fiscalizar el accionar y el movimiento administrativo de la corporación y por supuesto del administrador general, pero sucede que el administrador general es el mismo Gordon, por ende, está cayendo en la ilegalidad de autofiscalizarse".
Para González, las actos indebidos han sido sistemáticos y han producido que las altas autoridades consigan sueldos "desmesurados" en desmedro de las platas que los imponentes han ahorrado para tener un fondo al momento de jubilar.
Las críticas contra Gordon, a quien se le acusa de cobrar uno de los sueldos más altos del país- más de 73 millones-, para González no están "ni cerca de ser exactas, porque no son 73 millones, si uno hace la sumatoria bien el señor Gordon está ganando cerca de 105 millones".
En esa línea, el llamado de la Asociación de Funcionarios IPS es a que el ministerio de Justicia intervenga en la Caja, se quite la personalidad jurídica y los bienes se distribuyan como las leyes los indiquen, "o sea a los imponentes".
En mayo pasado, el mismo ministerio de Justicia aseguró la realización de una audiencia en un plazo de 60 días para revisar los antecedentes financieros y administrativos de la entidad, pero para González tal investigación será "inconducente como siempre porque son muy poco profundas".
