Funcionarios de Gendarmería seguirán en paro aunque uniformados lleguen a acuerdo

SANTIAGO.- Por carriles distintos corren hasta el momento las negociaciones que mantienen los suboficiales de Gendarmería y los funcionarios no uniformados de la institución con el Gobierno ante las movilizaciones que afectan a la entidad en reclamo por mejoras en las condiciones laborales.

De hecho, el presidente de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), Arturo Sandoval, sostuvo que en el caso que los suboficiales lleguen a un acuerdo con las autoridades sin considerar su situación, ellos seguirán en paro.

"Mientras nosotros no tengamos un respuesta positiva del Gobierno, vamos a seguir movilizados.", aclaró Sandoval, al tiempo que indicó que el acercamiento entre las autoridades y los suboficiales deja en claro que no se está cumpliendo con el compromiso de la negociación conjunta.

Asimismo, indicó que están disponibles para reunirse y escuchar las propuestas que pueda realizar el Ministerio de Justicia. Añadió que esperan que "haya una respuesta de parte del Gobierno y se termine con las discriminaciones, ya que representamos un importante segmento del personal de Gendarmería".

"Seguimos movilizados porque no hemos tenido respuesta satisfactoria respecto a nuestras demandas de parte del Gobierno", dijo Sandoval, al tiempo que dijo que ha tratado de acercarse a las autoridades a través de la ANEF.

Sandoval aclaró que los funcionarios no uniformados, que suman más de 3 mil empleados, se dedican básicamente a la asistencia y la intervención de la población penal para procurar su rehabilitación.

Entre sus demandas solicitan ser incorporados en el estatuto del personal de Gendarmería, ya que tienen responsabilidad operativa en el 90% de los recintos penales, además de un aumento en la planta.

En ese sentido, precisó que en el anteproyecto de ley que buscaba modernizar la institución, se había calculado un déficit a 2012 -considerando el aumento de la población penal y la construcción de más cárceles- de 3.291 no uniformados, cifra que ahora se reduce a cero, por la privatización de la labor de resinserción social.