SANTIAGO.- En una ceremonia que contó con la presencia de distintas autoridades del país -entre ellas el ex mandatario Ricardo Lagos y el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei- la Presidenta Michelle Bachelet promulgó el Estatuto de Roma, que ratifica la adhesión de Chile a la Corte Penal Internacional.
Luego de su reciente aprobación en el Parlamento, el instrumento de ratificación de dicho Estatuto fue ingresado a Naciones Unidas, el pasado 29 de junio.
De esta forma, afirmó Bachelet, "Chile se une formalmente a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad, de manera efectiva y eficiente".
Tras manifestar que esto "implica reducir el espacio para la impunidad", la Jefa de Estado destacó que también "responde a la voluntad de la comunidad internacional de crear un tribunal permanente e independiente, dotado de competencias para conocer y juzgar a los responsables de genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad, como son la esclavitud, el apartheid, la tortura, la desaparición forzada de las personas y el exterminio".
En ese sentido, resaltó que a pesar de los 10 años que tardó la tramitación de la iniciativa en el Congreso, "cumplimos un compromiso político internacional e incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico interno uno de los instrumentos internacionales más simbólicos y relevantes de los últimos años" que, en su opinión, "representa la consolidación del principio de universalidad jurisdiccional en materia de violaciones a los derechos humanos".
La Mandataria agradeció el apoyo transversal del Senado para alcanzar los acuerdos políticos necesarios en esta materia, destacando que "estamos construyendo colectivamente una historia y un futuro basado en una cultura de los derechos humanos, un pilar fundamental en una democracia que crece y se consolida".
El Estatuto de Roma, que instauró la Corte Penal Internacional, fue adoptado en 1998 y entró en vigencia internacional en 2002. Crea una instancia jurisdiccional internacional, mediante un aparato judicial autónomo, compuesto por jueces y fiscales, cuya función es juzgar y condenar a individuos (no Estados) que sean declarados culpables de graves crímenes contra la humanidad.
Chile era el único país de Sudamérica que no había ratificado el Estatuto, por lo que a partir de hoy se suma a otras 108 naciones del mundo que han adherido al tratado que creó dicho organismo.