Gobierno y Ministerio Público rechazan dar autonomía a Defensoría Penal Pública

SANTIAGO.- El fiscal nacional Sabas Chahuán y el subsecretario de Justicia, Jorge Frei, rechazaron la petición formulada por la defensora penal pública, Paula Vial, en orden a dar autonomía a su institución, para apoyar de mejor manera a los imputados en delitos.

En su cuenta pública anual, la abogada señaló que el error judicial que significa tener a personas inocentes detenidas mientras se indaga un caso, se debe a la ausencia de estándares de calidad en las investigaciones.

"Las cifras nos indican que del total de las medidas cautelares adoptadas en 2008, el 16,6% fueron prisiones preventivas", indicó durante su discurso, añadiendo que el año pasado se dictaron cerca de 600 sentencias absolutorias en que los imputados estuvieron en prisión preventiva durante la investigación, lo que supone un 23,4% del total de las absoluciones del año.

Sin embargo, Chahuán declaró que la petición "no se justifica, en el estado actual del sistema", pues "la defensa puede ser ejercida por cualquier abogado, y desde ese punto de vista no nos parece necesaria".

Pese a ello, sostuvo que le parece que Vial tiene razón cuando dice que "deben establecerse parámetros de calidad dentro de la investigación, y como fiscalía estamos permanentemente cautelando la calidad de la investigación y capacitándonos".

Por su parte, el subsecretario Frei también discrepó con la defensora nacional y aseguró que el tema no es parte de la agenda de Gobierno.

"Todos podemos concordar en que el sistema funciona bien y como ha funcionado bien, no está este tema de la autonomía en la agenda del Gobierno", expresó.

En tanto, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, al ser consultado por el tema dijo que en el Pleno no se ha establecido ningún tipo de criterio al respecto, pero a título personal aseveró que "si la Defensoría Pública se siente incómoda por no tener una total autonomía o independencia, sus planteamientos deberían ser escuchados, porque no va en beneficios de los involucrados, sino que de todos los intervinientes que asisten a procesos penales".

"Tengo la mejor opinión de la Defensoría Penal, la que está en situación naturalmente distinta, económica y financieramente, que el Ministerio Público", añadió Juica.