Ministro de Justicia califica de "artificial" paro en Gendarmería

SANTIAGO.- El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, le restó importancia a la movilización que mantienen desde hace casi tres semanas los funcionarios de dos asociaciones de Gendarmería, señalando que se trata de una paralización "artificial" pues los penales funcionan con "bastante normalidad" a lo largo del país.

"La situación en las más de cien unidades penales del país es en general de bastante normalidad, los penales están funcionando casi normalmente. Hay una movilización que mantienen dos de las cuatro agrupaciones de funcionarios que, yo diría, tiene más impacto mediático que en la operación de los penales", afirmó.

A juicio de la autoridad, "hay una tozudez en mantener una movilización que a estas alturas yo calificaría de artificial, más comunicacional que real".

El ministro insistió en que "el Gobierno ha hecho su máximo esfuerzo" al enviar al Parlamento el proyecto de ley que moderniza Gendarmería, aumentando la planta de funcionarios, y remarcó que el Ejecutivo ya negoció bastante con los trabajadores.

"Como Gobierno estamos concentrados en el trabajo legislativo y esperamos aprobar pronto el proyecto de ley. Es imprescindible para que se formen los nuevos contingentes de gendarmes y haya mejores condiciones de trabajo para los funcionarios actuales, prácticamente todos ellos van a subir de grado", destacó.

Dijo esperar que los gremios que no han depuesto las movilizaciones "lo hagan prontamente". "Les formulo nuevamente un llamado para que concentren su trabajo en la discusión legislativa y permitan la normalización completa del servicio", manifestó.

Gobierno insiste en estudiar reintegro "caso a caso"

En cuanto a la petición de los funcionarios de reintegrar a los trabajadores destituidos como requisito para bajar la movilización, Maldonado precisó que "una vez normalizado el servicio van a estar dadas las condiciones para que podamos revisar esas medidas y ver si se mantienen o modifican. No es posible revisarlas cuando hay movilización en curso, anuncios y amenazas de radicalizar las acciones".

Aclaró además que "nadie ha sido apartado del servicio por plegarse a movilizaciones. Las personas que fueron apartadas fue por acciones graves, que vulneraron la seguridad de los penales, pero aun así, una vez que se normalice el servicio, el Gobierno tiene buena disposición de estudiar caso a caso".

En este punto, la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, afirmó que cuando el paro "se lleva a límites en que se deja sin cuidado módulos donde hay presos, en que hay familiares que son agredidos por pedir que a uno de los internos se le cumpla el trámite que está pendiente de liberarlo, ahí claramente no estamos hablando de movilización, sino de incumplimiento de deberes esenciales".

Dijo entender "que los afectados quieran plantear sus puntos de vista y pedir una revisión. Pueden hacerlo, pero lo que no nos parece adecuado es que se nos pida que hagamos vista gorda respecto de estas situaciones, porque esto no tiene que ver con derechos a movilizarse, sino que con ciertas obligaciones mínimas que los servicios públicos tenemos ante la ciudadanía".

En cuanto a una eventual falta de apoyo al proyecto de ley por parte de los parlamentarios, Tohá sostuvo que "el problema no es que el proyecto no cuente con acuerdo, lo que pasa es que los parlamentarios están pidiendo que se resuelva el conflicto antes que se haga la votación".

"Todos los proyectos son opinables y éste está empezando su tramitación y naturalmente en el camino puede haber ideas de cómo mejorarlo", añadió.