SANTIAGO.- El 28 de octubre de 2006 , Aarón Vásquez se encontraba con un grupo de amigos en la plaza Pedro de Valdivia, y al ser increpado por el ciclista Alejandro Inostroza, decidió atacar y golpearlo brutalmente con un bate metálico.
La madrugada del 11 de Julio de 2009, J.T.N. también estaba con un grupo de amigos en el sector de Las Condes, cuando se cruzó con Sergio Aguayo y decidió atacarlo porque, según ha dicho, pensó que lo iba a asaltar.
Inostroza y Aguayo fueron asesinados brutalmente, uno con un bate metálico y otro con un cuchillo ¿Los responsables? Dos menores de edad, con buena situación económica y que aseguran estar arrepentidos.
Según cifras del Sename entregadas a Emol, desde que entró en vigencia la Reforma Penal Adolescente (RPA) -junio de 2007- hasta la fecha, el 1,6% de los menores privados de libertad corresponde a casos por el delito de homicidio, es decir, 152. Hoy, esta cifra es el principal factor en común que tienen Vásquez y J.T.N.
“Los delitos de sangre siempre tienen algún antecedente respecto al comportamiento que ha tenido el joven en años anteriores y que explican por qué lo cometió”, señala el director del Sename, Eugenio San Martín.
De acuerdo a ello, explica que frecuentemente los delitos de mayor connotación, como el homicidio, tienen una serie de características en común, en lo que se refiere a la falta de autocontrol, la relación con los impulsos y la agresividad con la que reaccionan.
Sin embargo, uno de los factores más relevantes, según San Martín y el fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de la Zona Metropolitana, Ernesto Vásquez, es el rol que cumple la familia en la formación de los hijos.
“Los casos de Aarón Vásquez y de J.T.N., claramente, no tienen relación con el tema de la droga, pero el gran factor común es la familia, la preocupación por el sujeto”, dice el fiscal.
Además, San Martín aclara que es fundamental que los padres estén interiorizados de los que está pasando con sus hijos, ya que es probable que en el ámbito escolar, en el barrio, o en sus amistades se encuentren signos que podrían ser una alerta.
Para Vásquez, el tema recae en los excesos, donde los padres deben alcanzar el equilibrio entre autoridad, disciplina, amor y educación.
“En todos los casos da lo mismo el nivel socioeconómico, hay exceso de libertad, más bien, libertinaje. Hay un rol de un padre ausente, muy observador de lo que el niño hace en su formación casi autónoma con sus amigos”, comenta el fiscal.
No importa el delito, todos pueden rehabilitarse
A pesar de la connotación del delito, tanto Vásquez como San martín concuerdan en que todos los menores pueden ser rehabilitados.
“Todos los delitos pueden ser trabajados para que haya rehabilitación, pero va a depender de una serie de factores (…). Desde ese punto de vista, los procesos de rehabilitación o de reinserción son diferenciados, dependiendo de las características de los jóvenes que los cometen y de su entorno. Todo eso hace que el proceso de rehabilitación no sea igual para todos”, explica San Martín.
Asimismo, aclara que la Ley les exige dos principios básicos para alcanzar la reinserción: La responsabilización, es decir, que los jóvenes que han delinquido tomen conciencia de lo que hicieron, y segundo, generar una serie de intervenciones orientadas al aspecto socioeducativo.
A pesar de ello, el fiscal va un paso más adelante y afirma que para que la rehabilitación y la reinserción sean efectivas, tiene que haber un compromiso a nivel social.
“Hay que pasar de la preocupación a la acción. Ver a dónde se pueden hacer los cambios más profundos, por ejemplo con ecuación cívica en la Básica”, plantea Vásquez.
Asimismo, recalca que todas las políticas en torno a este tema deben pensarse a largo plazo, ya que recién en 10 o 12 años se aprecia alguna productividad, “no sé si las autoridades, con cuatro años para gobernar, les va a interesar esta materia”.
Desde que entró en vigencia la Reforma Penal Adolescente (RPA), hasta la fecha, de los infractores de ley ingresados a los centros del Sename, el 91% son hombres y un 8% mujeres. De ellos, el 60% tiene entre 16 y 17 años; un 18% tiene más de 18, y un 21%, entre 14 y 15.
De acuerdo a los delitos, el 70% es por distintos robos: 25% con intimidación; 15% con violencia; 14,8% a lugar habitado; 9,4% por sorpresa; y un 7,3% a lugar no habitado.