SANTIAGO.- Tras las críticas que generó en la Alianza a la iniciativa del Gobierno de realizar un estudio destinado a establecer los posibles patrones sociales que influyen en las personas a la hora de llegar a las urnas, cuyos resultados se darían a conocer en noviembre, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, informó a través de su Twitter que se decidió dejar sin efecto la licitación.
"Se ha dispuesto dejar sin efecto la licitación de estudio sobre factores sociales y comportamiento electoral para evitar malos entendidos", escribió en su Twiter el ministro cerca de las 16:15 horas.
El estudio "Determinante es socioeconómicas y sociodemográficas en la votación en Chile 2004-2008" fue encargado por su cartera y estaba en pleno proceso de licitación. Su objetivo sería hacer una análisis del nexo entre los factores socioeconómicos -como son la, clase social, el nivel de escolaridad y la ruralidad- y la forma en que se comportan los electores de la Alianza y la Concertación.
Al conocerse el estudio, generó inmediatas reacciones en la oposición, desde donde el senador UDI Hernán Larraín acusó que el estudio claramente tenía un objetivo de intervencionismo electoral.
Haciendo hincapié en que si los resultados eran revelados en noviembre "es porque tiene como objetivo ser un instrumento electoral", el ex presidente de la UDI dijo esta mañana que "lo mínimo es que los publiquen con posterioridad a diciembre, para que no se intuya que se quiere utilizar la plata de todos los chilenos como un instrumento electoral en plena campaña presidencial y parlamentaria".
En la misma línea, el diputado RN Nicolás Monckeberg acentuó las críticas hacia el estudio y consideró como "grave y preocupante que al Gobierno haya que pillarlo con las manos en la masa para que reaccione".
Por lo mismo, acusó al Ejecutivo de no dar garantías de utilizar en forma correcta los fondos estatales.
"Me pareció una burla a los más pobres de Chile que se gaste plata en una encuesta política cuando el país tiene la cesantía más alta en los últimos 50 años", añadió.
Por su parte, Viera-Gallo indicó en Twitter que el trabajo que se pensaba realizar "nunca tuvo una intencionalidad electoral pues sus resultados se conocerían a fines de noviembre" y añadió "mejor anular la licitación".
El objetivo del Gobierno era que midieran las bases estadísticas de las elecciones municipales de 2004 y las de octubre pasado, junto a las parlamentarias de 2005.
Además, el proyecto -cuyo costo máximo contemplado son 8 millones de pesos- contemplaba la construcción de una base de datos con toda la información electoral, detallado por municipio, tanto para el conglomerado oficialista, como para la oposición.