Comisión aprueba aumentar atribuciones a diputados para fiscalizar empresas públicas

SANTIAGO.- Las empresas o sociedades en que el Estado o sus organismos tengan participación de capital mayoritario, tendrán que entregar la información que soliciten los parlamentarios o comisiones de las respectivas ramas del Congreso, salvo que dichos antecedentes tengan el carácter de estratégico.

Así lo estableció la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias existentes entre el Senado y la Cámara de Diputados, en torno al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para adecuarla a las nuevas normas constitucionales.

Según explicó el presidente accidental de la citada instancia, senador Andrés Chadwick (UDI), "avanzamos bastante en establecer todos los mecanismos mediante los cuales, el Parlamento puede solicitar información, que para el caso de la Cámara de Diputados es muy importante para su función fiscalizadora y en el caso del Senado es importante para  tener los antecedentes para legislar".

El parlamentario explicó que este mecanismo se estableció porque siempre ha existido un problema en términos de que si las empresas públicas están o no obligadas a enviar la información que requiere el Congreso.

De hecho, en agosto pasado La Moneda se enfrentó al Parlamento por este tema, ya que el Ministerio de Hacienda teme una ofensiva que -aseguran- afectaría la competitividad de las empresas públicas al poner a disposición de los diputados información comercial de carácter privilegiado.

Sin embargo, según explicó Chadwick, en materia de información estratégica se establecerá un mecanismo de excepción y se aplicarán las mismas normas que a las empresas privadas en relación a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). "Lo que nos parece que es válido en términos de la competencia leal que tienen que tener las empresas públicas con el sector privado", apuntó.

En caso contrario, si la información solicitada no es de de carácter privilegiado, y las empresas se niegan a entregarla, los parlamentarios, con el voto favorable de un tercio de los miembros en ejercicio de cada Cámara, podrán insistir y las compañías estarán obligadas a proporcionarla, salvo que interpongan un reclamo de ilegalidad en la Corte Suprema.

La Comisión Mixta también fijo un mecanismo de reclamación ante los tribunales de justicia si es que la empresa pública aludida no alega alguna justificación para excepcionarse.