Latorre dijo que los legisladores opositores no debían opinar respecto al tema mientras continúe la investigación.
Luciano Riquelme, El MercurioSANTIAGO.- El presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, rechazó hoy el emplazamiento de los senadores de la Alianza Andrés Allamand y Andrés Chadwick para que diera una explicación luego que la Contraloría notificara a 39 funcionarios públicos de la intendencia de Rancagua, adherentes de la DC, por el caso de intervención electoral, que terminó con la renuncia del intendente Héctor Huenchullán.
El líder DC manifestó que los legisladores de la derecha no tienen autoridad moral para aquello. "Estos señores no tienen autoridad moral para emplazar a nadie respecto de lo que corresponde hacer o no hacer a los funcionarios públicos", afirmó.
Según Chadwick, "la directiva de la Democracia Cristiana le debe una explicación al país y si no lo hace, si no señala ni rechaza estos hechos ni adopta las conductas políticas correspondientes, va a quedar claro ante toda la opinión pública que el Partido Demócrata Cristiano, encabezado por su directiva, avala y justifica la intervención electoral".
Frente a ello, Latorre recordó que "los funcionarios públicos cuando reciben un cargo de la Contraloría tienen la posibilidad de hacer sus descargos", por lo que mientras eso no termine "no me corresponde a mí ni a nadie emitir opiniones al respecto".
Señaló además que en el caso de Allamand, "en las últimas semanas se ha dedicado a ofender a estos trabajadores no solamente a través de la teoría del desalojo, sino que amenazándolos de que en marzo deberán dejar sus cargos".
Por eso, dijo tener "la convicción de que mientras él no se disculpe por esta ofensa gratuita a los funcionarios públicos de nuestro país mal podría yo darle explicaciones sobre un tema que constituye una denuncia política".
El proceso en el ente fiscalizador se abrió tras conocerse un correo electrónico enviado por la secretaria regional de la DC y encargada del Departamento Social de la Intendencia, Sara Romero, a los seremis y jefes de servicio, en el que solicitaba información de los beneficiarios de los programas sociales para ser usada en una reunión partidaria con los candidatos a diputados en la región, incluido el presidente DC.
Los cargos son "faltas a la probidad" y "faltas al debido control jerárquico" en el gobierno regional.