Los abogados defensores cuestionaron la detención, pero sus alegatos habían sido desestimados.
José Valdivia, La SegundaSANTIAGO.- La fiscalía de La Florida abrió una investigación por porte ilegal de arma blanca y amenazas en contra del supuesto violador de La Reina José Luis Sáez Gallardo (28). La indagación, según altas fuentes del Ministerio Público, pretende aclarar las circunstancias en las que se produjo la detención del único imputado por el ataque sexual que sufrió la menor J.J.F.C. (14) el pasado 19 de septiembre en La Reina.
De acuerdo a la versión entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), la tarde en que cayó Sáez Gallardo los efectivos lo requirieron para hacerle un control de identidad, pero, según los funcionarios, éste los amenazó con un cuchillo. Por lo mismo, y aunque no tenían orden de aprehensión, lo detuvieron por flagrancia.
El punto es que según la versión entregada por el imputado, él no portaba ningún cuchillo y, aunque está confeso del ataque sexual y las pruebas de ADN lo estarían incriminando, asegura que los efectivos “lo cargaron” con el arma al momento de la detención.
Ya en la audiencia de control, José Luis Sáez no fue formalizado por la tenencia del cuchillo y las amenazas y los fiscales que llevan la causa decidieron derivar esa arista a la unidad del Ministerio Público asentada en La Florida, la que quedó a cargo por la jurisdicción.
Se sabe que la carpeta de investigación podría llegar hoy hasta los abogados floridanos, quienes buscarán delimitar las circunstancias sobre cómo los funcionarios policiales de la Bicrim de La Reina se adelantaron a los carabineros del OS-9 y lograron capturar al sospechoso.
Sobre los caminos que puede seguir esta investigación sólo hay dos alternativas. La primera que se acredite el porte ilegal y las amenazas, lo que generaría que el imputado por la violación agregue más cargos en su contra. Por el contrario, si es la versión de Sáez Gallardo la que prevalece, se abriría una nueva carpeta por detención ilegal en contra de los funcionarios de la PDI que realizaron la diligencia.
Los abogados defensores cuestionaron la legalidad de la detención en la audiencia de control y formalización, pero ello no fue tomado en consideración por la jueza, aunque sí criticó el accionar de los policías porque actuaron sin una orden para controlar la identidad.
Consultado la PDI sobre esta nueva arista, estos señalron que no se refirirán al tema, ya que estaba en una instancia judicial.