SANTIAGO.- El presidente de la Comisión de Aseo, Ornato y Residuos Sólidos de la entidad, Rubén Malvoa, encabezó la cita que reunió a alcaldes y representantes de las 22 comunas involucradas en el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que cuestionó los contratos de tratamiento de basuras y que fue acogido por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
La acción legal, que también alcanza a la empresa Demarco Kiasa (KDM) –que se dedica al manejo de residuos-, cuestiona los alcances del contrato que se firmó en 1995 entre la anterior y el Consejo de Alcaldes de Cerros de Renca, el que componen 14 comunas, discutiendo la renovación del servicio por períodos consecutivos de 16 años, sucesivamente, lo que es catalogado como el establecimiento de una "barrera artificial de entrada al mercado, impidiendo el ingreso de nuevos competidores", como describe la demanda.
Esta situación ha generado molestia entre los 22 municipios aludidos, entre los que figuran Conchalí, Pudahuel, Renca, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Cerro Navia, Lampa, Colina, Quilicura, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Independencia, Santiago, La Reina, Curacaví, Ñuñoa, Providencia, La Cisterna, San Miguel y Llay Llay.
A raíz de ello, el edil de Conchalí, Rubén Malvoa, en su calidad de presidente de la Comisión de Aseo, Ornato y Residuos Sólidos de la Asociación Chilena de Municipalidades, manifestó que "el principal problema es que si se deja sin efecto la cláusula de renovación nos obligaría a llamar a una nueva licitación, lo que se traduciría, obviamente, en mayores costos para los municipios".
Frente a esta realidad, la queja generalizada apunta a quién se haría cargo del aumento de los gastos por este tema.
Durante la jornada los alcaldes y representantes de los municipios en cuestión evaluaron diversas alternativas conjuntas para enfrentar la demanda acogida el pasado lunes.