SANTIAGO.- Sin la presencia de los principales representantes de las agrupaciones de Derechos Humanos, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta mañana la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya principal labor será velar por la protección y promoción de ellos.
"No ha sido fácil llevar al punto en el que estamos, pero el camino recorrido nos ha permitido asumir nuestra historia para tener un futuro mejor para que Chile no repita una experiencia tan dolorosa como la vivida en DD.HH.", sostuvo la Mandataria.
En la ceremonia en la que participaron algunas agrupaciones, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de la Secretaria General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, Bachelet destacó que además del resguardo de los DD.HH., el instituto tendrá una importante labor en materia de memoria histórica.
"La ley que promulgamos hoy día representa un compromiso moral y político del país consigo mismo. Es cierto que hemos llegado a ese convencimiento por la vía del doloroso, pero eso le da consistencia a nuestro aprendizaje", indicó la Presidenta.
Durante la promulgación, la Mandataria recordó además la importante labor que cumplió el fallecido diputado Juan Bustos en las primeras etapas de este proyecto.
Sin facultad para querellarse
Uno de los hitos que marca la creación de este instituto en la reapertura de las comisiones Valech y Rettig, en una sola, según explicó el ministro Viera-Gallo, quien además explicó una de los principales reparos de las agrupaciones de DD.HH. frente a este instituto, el que no se puede querellar por casos anteriores a esta fecha.
"Respecto de los juicios del pasado siguen manos del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Y a ese programa se le da un respaldo legal para que pueda querellarse y no sólo participar como tercero coadyuvante. Los juicios van tener un nuevo impulso por las nuevas facultades del programa del Ministerio del Interior", precisó Viera-Gallo.
En esa línea, explicó que los casos de DD.HH. que se produzcan a partir de hoy "se aceptó el veto de la Presidenta de la República en el sentido que el instituto puede querellarse cuando se produzcan casos graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, trata de blancas y desaparición forzosa o de tortura".
En cuanto a la ausencia de los principales representantes de las agrupaciones, Viera-Gallo dijo desconocer cuál es el balance que hacen ellos del proyecto "que en los avatares del debate parlamentario sufrió modificaciones, pero al final, al probar el veto de la Presidenta quiere decir que el Instituto quedó dotado con todas las facultades y características que establece la Unesco".