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Agrupación de Ejecutados Políticos y creación del Instituto de DD.HH.: "No nos identifica"

A juicio de su líder, Alicia Lira, dicho órgano no establece que "los hechos no se repitan", lo que demuestra que "el Gobierno no ha buscado los mecanismos jurídicos ni políticos para que esto ocurra".

24 de Noviembre de 2009 | 21:08 | Orbe

SANTIAGO.- La presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira,  manifestó que la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un "hecho que no nos llena de satisfacción", debido a que en esta entidad "no se van a presentar querellas en los casos de los detenidos desaparecidos".

"Este instituto no nos identifica y por eso no fuimos a la promulgación de su creación", enfatizó, al tiempo que recordó que la AFEP se opuso permanentemente a la creación de esta institución porque "no cumplía los requisitos que tiene que tener una instancia como ésta, por ejemplo, no contiene la autonomía que exige el principio de París".

En ese sentido, la dirigenta explicó que en los estatutos de este Instituto va estar el Presidente de la República y estará representado por dos representantes del Gobierno y del Parlamento.

Del mismo modo, Lira dijo que el Gobierno no quiso escucharlos como agrupación, debido que ellos pedían que el Estado se hiciera parte de las violaciones de los Derechos Humanos, ya que el "Estado fue el que las violentó y, sin embargo, los grandes perdedores son las víctimas".

"En Chile existen mil 100 ejecutados políticos que están al desamparo de la justicia, porque el Estado no generó los recursos ni generó las formas jurídicas para que esos  familiares pudieran llegar a los tribunales a denunciar y saber la verdad y pedir justicia por el asesinato de sus  familiares", subrayó.

Por otra parte, señaló que lo "básico" que tendría que tener este Instituto, es que estableciera un "nunca más", el cual "significa que no se repitan los hechos, y el único  precedente para que estas violaciones no vuelvan a ocurrir, es que haya verdad y justicia plena". "El Gobierno no ha buscado los mecanismos jurídicos ni políticos para que esto ocurra", concluyó.

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