Congreso espera que nueva Ley Orgánica marque un hito en transparencia

SANTIAGO.- Confiados en que la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Congreso marcará un antes y un después en materia de transparencia y eficacia en la administración del Parlamento, los presidentes del Senado y de la Cámara, Jovino Novoa, y Rodrigo Álvarez, respectivamente, detallaron las implicancias de las principales medidas que contempla la nueva normativa.

El objetivo central es dar mayor información a la opinión pública sobre cómo se administra el Parlamento y cómo se utilizan los recursos públicos destinados para su funcionamiento.

Entre las iniciativas destaca la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que según explicó Álvarez, será "un organismo externo e independiente que determinará los recursos públicos que se entreguen a cada parlamentario para el cumplimiento de su labor".

Respondiendo a las exigencias de la ciudadanía y a los nuevos estándares de control, también se creó un Comité de Auditoría, que será el encargado de controlar el uso de los fondos destinados a financiar la función parlamentaria y de revisar las auditorías internas que realicen ambas Cámaras.

"Se establecen nuevos deberes para los parlamentarios, creando nuevas obligaciones en cuanto a las declaraciones de intereses y de patrimonios", explicó Álvarez.

Ahora, tanto los senadores como los diputados deberán entregar una declaración de patrimonio al inicio de su labor, la que deberá ser actualizada ante cambios relevantes, y tendrán la obligación de entregar una declaración final antes de culminar su periodo.

Todo esto, según Novoa, responde a que "tenemos plena conciencia de que la política es una actividad que está muy desprestigiada, ante lo que reconozco por parte de los parlamentarios un esfuerzo por mejorar esta situación".

El presidente del Senado explicó que con esta ley se fortalecen las facultades con las que ya contaba el Parlamento y destacó la importancia de que se potencien los campos de acción de las comisiones de ética y conducta.

Estas comisiones, precisó Novoa, será las encargadas de supervigilar la obligación que ahora tienen por los ley los parlamentarios de asistir a las sesiones del Congreso, además de velar por el respeto a la probidad y acceso a la información pública.

A diferencia de lo que sucede hasta ahora, las comisiones de ética podrán actuar de oficio o a petición de un parlmentario y la comparecencia de los miembros citados será obligatoria.

Desde ahora, el Parlamento, con el acuerdo de la mayoría de los miembros de las Cámaras, podrá solicitar eal Ejecutivo, que en el plazo máximo de un mes, se pronuncie sobre mociones declaradas inadmisibles por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Desafíos pendientes

Novoa y Álvarez afirmaron que pese a los importantes avances que implica esta ley, que debe ser revisada por el Tribunal Constitucional dentro de los próximos días, aún quedan desafíos pendientes.

Entre ellos destacaron los esfuerzos que se deben hacer para mejorar la calidad del proceso legislativo y de la administración de las Cámara y de la Biblioteca.